A menudo, particularmente desde Latinoamérica, se suele confundir democracia con presidencialismo. Sin embargo, el sistema democrático puede tener diferentes formas de implementación y de elección de autoridades. En Argentina, en el plano nacional, se vota directamente al titular del Poder Ejecutivo como así también a legisladores. Quien resulte elegido, ocupará la presidencia por cuatro años con posibilidad de reelección. Tal metodología confiere un ejercicio pleno de la democracia, pero no ofrece demasiada flexibilidad. En caso de que un presidente resulte incompetente, o por cualquier motivo que prevenga que es mejor para la ciudadanía y el sistema que deje el cargo, la alternativa es larga y sinuosa. La Constitución Nacional ha previsto un rígido blindaje, interponiendo un juicio político, laberíntico en su desarrollo y de escarpada resolución política. Y dada nuestra historia de interrupciones democráticas, además de las efervescentes sobreactuaciones que denuncian golpes, resulta difícil siquiera referir el tema. Es decir, si hipotéticamente un azar siniestro pusiera en el sillón de Rivadavia a alguien no a la altura del cargo, pero con mayoría parlamentaria, no habría forma de que la población pudiera evitar la mala praxis. Inevitablemente, los desafortunados efectos serían profundos y largos.

Otras formas de implementar la democracia presentan más flexibilidad, aunque pudieran resultar incompletas para el paladar presidencialista. El sistema parlamentario, como el utilizado en Reino Unido o España, son casos típicos de implementación. En los últimos meses el mundo se sorprendía por las fugaces gestiones de primeros ministros británicos, quienes dejaban el cargo sin que el Estado entrara en crisis alguna. Sin dramatismos, los mismos protagonistas lo entendían como parte de un proceso de reordenamiento. En un sistema parlamentario, los cargos que generalmente elige el votante, son para legisladores. Una vez asumidos estos en sus bancas, eligen uno de entre ellos para que ocupe el Poder Ejecutivo. En estos casos, no se trata de un cargo por tiempo prefijado, sino que depende del desempeño, pudiendo normalmente ser removido.

Recientemente, España celebró elecciones autonómicas y municipales. Los comicios fueron desfavorables para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la coalición de izquierda que lo acompaña. Los resultados, por su contundencia, no permiten lecturas voluntaristas. Por ello, Sánchez ha tomado una medida drástica, aunque totalmente dentro de la legalidad, consistente en disolver las Cortes Generales. Son estas las dos cámaras legislativas, que renovarán sus miembros en elecciones este 23 de julio, y que posteriormente elegirán un presidente. Esta decisión refleja cómo el ordenamiento español posibilita una total y ágil renovación, una vez que la ciudadanía vetó un gobierno y sus imperativos ideológicos. Un sistema que propicia el anteponer la voluntad ciudadana a cualquier cargo o táctica política.