La marcha del martes último contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ratificado plenamente que un sector de la coalición gobernante unido a activistas sindicales y de la izquierda dura instrumentaron un golpe a la estructura republicana al desconocer la división de poderes como sustento de la democracia. Nada puede sorprender de personajes procesados que no pudieron condicionar al máximo Tribunal y a la Justicia en general para lograr impunidad de sus actos ilícitos.

En esta campaña sistemática con diversos matices, para descalificar a los magistrados, nada tiene que ver la ciudadanía en su conjunto como se pretende justificar. Es lamentable que el propio presidente de la Nación haya calificado al acto como una "marcha ciudadana" que reclama mejor administración a la Justicia y que nadie se puede molestar por eso, según Alberto Fernández.

Sin embargo no hubo expresión popular en la marcha, incluso en las adhesiones que tuvo, sino todo lo contrario. El apoyo expreso fue de los ministros Jorge Ferraresi y Aníbal Fernández y de funcionarios como Martín Mena, segundo del Ministerio de Justicia, y de la Jefa de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, cabeza también del movimiento kirchnerista "Justicia Legítima", es decir involucrados directamente en la movilización por la "democratización de la Justicia". El calificativo de "golpe" no es exagerado porque en un Estado de derecho la Constitución es clara en cuanto a la independencia de los poderes republicanos y quien se levante contra ellos comete un delito de sedición, en este caso una reunión de personas que se atribuye los derechos del pueblo y peticiona en nombre de los derechos de todos los ciudadanos.

El kirchnerismo con procesados como Luis D’Elía, Amado Boudou, gremialistas de abultado prontuario como el caso de Omar "Caballo" Suárez, del descalificado juez Juan Ramos Padilla y hasta la propia vicepresidenta, no tienen autoridad moral para pedir la renuncia de los miembros de la Corte porque no pueden doblegarla a favor de sus intereses personales. La independencia de los magistrados es una premisa republicana en la división de poderes impuesta por la Constitución Nacional y los pactos internacionales de los que forman parte. No obstante los mecanismos institucionales permiten auditar las decisiones en el marco de la ley. Y esto no se logra con exabruptos del lado duro del populismo demagógico.