Las secuelas de la pandemia en el desarrollo económico son dispares en el mundo, según el impacto de la inactividad en los diferentes países y la capacidad de recuperación de cada uno para volver a la normalidad. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la crisis de empleo sin precedentes que afecta a América latina y el Caribe está poniendo en riesgo la frágil estabilidad social de la región y los gobiernos no actúan con la celeridad requerida.

El director regional de la Agencia de las Naciones Unidas para el empleo, Viniciuos Pinheiro, calificó esta precariedad laboral como una "bomba de tiempo" por la desproporcionada incidencia en los jóvenes, entre los 26 millones de personas que perdieron el trabajo el año pasado en la zona debido a la emergencia sanitaria. Y, pasado ese impacto, ahora el panorama está lejos de revertirse ya que el 70% de los nuevos puestos creados en los países más grandes, son informales.

El problema es estructural porque la región carece de políticas para allanar el camino hacia un salario digno, tanto en estabilidad como en beneficios asistenciales y previsionales, mientras el 30% de la población económicamente activa busca una ocupación, principalmente las mujeres, las más afectadas tanto por la menor demanda como por salarios desiguales a los de los de los hombres.

Junto con la informalidad laboral, Latinoamérica está experimentando una recuperación insuficiente de la masa ocupacional desde que la reducción del empleo entre el primer y segundo semestre de 2020, en el peor momento del azote del Covid-19, que llegó a desafectar a más de 43 millones de trabajadores. La posterior recuperación, desde ese momento hasta el primer trimestre de 2021, todavía es muy escasa de manera que el 30% de los desocupados sigue esperando otra oportunidad.

Por ello la necesidad de actuar rápido mediante estrategias para reconstruir el aparato productivo, incluyendo la creación de nuevas empresas y el aumento de la productividad en aquellas firmas que lograron sobrevivir al estancamiento, de manera que los efectos socioeconómicos de la pandemia no se prolonguen con los crecientes niveles de desigualdad y pobreza, al punto de incrementar peligrosamente el malestar social en la región.

La precariedad laboral fundamentalmente parte de políticas fiscales que asfixian al empresariado, como ocurre en nuestro país, imposibilitado de sostener el empleo registrado por el alto costo tributario previsional y las presiones sindicales. La pobreza y las desigualdades llevan a sobrevivir en medio de la informalidad potenciando un descontento social que puede estallar en cualquier momento.