Los agravios recibidos el sábado último en la localidad de Lago Pueblo, en Chubut, por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por parte de un grupo de manifestantes molestos por el accionar del gobierno en relación a varios temas que afectan a esa provincia, entre ellos los grandes incendios forestales declarados en una amplia región del Sur argentino, responden a una actitud de insubordinación que atenta directamente contra el orden institucional de la Nación. Más allá de los motivos que puedan haber generado esta reacción, en ningún momento la figura del Presidente debió ser objeto de ese atropello, en una demostración de intolerancia propia de comunidades que guardan muy poco respeto por sus instituciones y por las autoridades elegidas democráticamente.
Si bien el lugar que el Presidente se fijó como destino -un sitio tranquilo del Sur argentino- no debía constituir ningún riesgo para su integridad física, los encargados de la seguridad presidencial no debieron descuidar ningún detalle y exponer al mandatario, innecesariamente, a una agresión que puedo tener serias consecuencias.
La violencia con la que procedieron los manifestantes contra la movilidad que transportaba a Fernández fue inusitada y la rotura de sus vidrios y golpes en varias partes de su carrocería puso en peligro su integridad sin medir ningún tipo de consecuencias.
Dejando de lado partidismos, corrientes ideológicas o modos de gobernar, la figura presidencial es patrimonio de la República y como tal debe preservarse para garantizar el orden institucional que debe regir en toda la Nación.
El hecho de que el Presidente se haya interesado en visitar la zona de desastre no puede ser tomada como una oportunidad para agraviar su figura, en una demostración de incivilidad que no debería corresponder a las personas que han sido detectadas como las atacantes de la comitiva presidencial y que ahora están siendo investigadas con el propósito de aplicarles las penas correspondientes. Sin duda es lo que corresponde ante tan irrespetuosa actitud que en nada tiene que ver con la libertad de expresar una opinión o manifestar distintos puntos de vista por los canales correspondientes.
El ataque físico es algo que no se puede admitir desde ningún punto de vista, especialmente cuando apunta a la figura presidencial y no tiene en cuenta que esta agresión afecta directamente los cimientos de orden constitucional en los que se basa el país y que hay que evitar en estos momentos debilitarlos.