La coparticipación federal de impuestos es un tema conflictivo en la Argentina porque cada gobierno, y la clase política en general, siguen sin respetar la letra constitucional para la justa distribución de los recursos financieros entre la Nación y las provincias. El caso de la quita de fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con "intencionalidad política", como ha denunciado el jefe de Gobierno porteño, y la decisión de volver a la Corte Suprema de Justicia para dilucidar el caso, es otro ejemplo de transgresión al orden constitucional.
La ley 23548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, dictada en 1988, es la que rige actualmente a pesar de que la Constitución Nacional, reformada en 1994, dispuso en una cláusula transitoria el dictado de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos que debía estar vigente antes de finalizar el año 1996. Nunca se respetó ese plazo ni tampoco el sentido de establecer para siempre una distribución de recursos fiscales absolutamente transparentes.
Todo lo contrario, ignorando el mandato de los constituyentes, desde entonces se sucedieron parches normativos, acuerdos y pactos fiscales circunstanciales dentro del marco federal en el cual las provincias han cedido a la Nación competencias como la percepción de tributos y la distribución de la recaudación mediante un régimen de equidad y de remisión automática inmediata. Por su parte los estados provinciales quedaron con gravámenes para sí, que en muchos casos representan doble imposición.
Sin una coparticipación federal como política de Estado y en un todo de acuerdo con el mandato constitucional, el manejo político de la distribución de fondos seguirá regido por una norma transitoria y manipulada por distintos gobiernos. Sin un consenso plasmado en una ley los recursos distributivos mantendrán el manejo caprichoso de acuerdo al color partidario y dando lugar a la creación fondos especiales demagógicos. Los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) surgieron como herramienta financiera discrecional, para citar un ejemplo conocido.
Peor todavía que se recorten fondos federales por decreto, como el del 9 de septiembre pasado, que le significaron 10.000 millones de pesos menos a la CABA. Por eso la ley de coparticipación pedida por los constituyentes debe ser un tema prioritario del Congreso para evitar alteraciones unilaterales con mezquindad política. Mañana podría ser otra jurisdicción la que se sienta desfinanciada.