Las grandes plataformas digitales, con un enorme poder de mercado en Internet, han alterado el modo de vida global por estar presente en todos los sectores con una posición dominante, que hasta influye a través de los algoritmos en el acceso a la información, determinando que noticia es relevante para la sociedad y cual no lo es. No existe un arbitraje obligatorio para que estas puertas de acceso a la web reconozcan el valor del periodismo profesional de calidad y lo retribuyan como tal.
Tal distorsión ha impulsado a 18 asociaciones internacionales de América que agrupan a más de 40 mil medios de comunicación del continente, entre ellas ADEPA de Argentina, a defender a la prensa profesional en el ecosistema digital a fin de alcanzar una retribución justa y razonable por la publicación de los contenidos periodísticos en la red.
En las últimas dos décadas se han producido grandes cambios para acceder a las noticias y por ello la mayoría de los medios poseerán más audiencia que nunca, pero los ingresos que financian el periodismo profesional son absorbidos por intermediarios que concentran el 80% de la publicidad digital en el mundo. Por eso el sostenimiento de la calidad informativa está en riesgo ante la falta de mecanismos de arbitraje obligatorios para una compensación justa.
El problema es mundial y se empieza a encauzar. Desde febrero último Australia tiene un Código de Negociación de Medios y Plataformas Digitales y en la Unión Europea se está discutiendo una Ley de Mercados Digitales a fin de impedir que las grandes plataformas abusen de su poder de mercado oligopólico.
Hay respuestas positivas como las de Google y Facebook para pagar a medios de algunos países por licencias de contenidos, pero la compensación que se busca no debe surgir de un acuerdo unilateral sino de un derecho universal, preexistente y ecuánime para los editores, como cualquier otro registro de propiedad intelectual o patentes que protegen a diferentes actividades.
Esta distorsión ya la planteó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la Declaración de Salta de 2018 frente a la necesidad de que todos los actores del ecosistema digital logren un balance adecuado entre libertad de expresión, derechos de autor y propiedad intelectual, como también de los beneficios que pueden generar los contenidos en las plataformas. Hasta ahora las poderosas empresas que manejan Internet demoran los acuerdos de partes con conductas que dieron lugar a varias multas en varios países.