Las habituales manifestaciones que las organizaciones sociales realizan en todo el país en reclamo de diversas reivindicaciones son exteriorizaciones que peligrosamente van minando el orden social y que pueden llegar a ser desencadenantes de un estado de conmoción de graves consecuencias para el orden institucional, como consta en algunos antecedentes, en determinadas épocas, de la historia de nuestra Nación.
Si bien la mayoría de las movilizaciones se han caracterizado hasta ahora por los disturbios provocados en la vía pública, cada vez que se cortan las calles o se realizan acampes frente a los edificios públicos, la manifestación que el lunes último irrumpió en las instalaciones de la productora de televisión Artear, en el barrio porteño de Constitución -desde donde se emiten las señales de Canal 13 y TN- significó una grave intromisión a una empresa privada que no debería tolerarse bajo ningún concepto.
Los manifestantes que responden al activista Juan Grabois -conocido por su amistad con el papa Francisco y muy cercano a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner- pretenden que se incorporen dos canales alternativos a la grilla de programación de Cablevisión, Barricada TV y Pares TV. Este grupo considera que se está haciendo discriminación con esas señales y en eso basan un accionar violento y prepotente, que es la forma habitual de actuar que tiene la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) para conseguir sus fines.
Lo que ha hecho Grabois es un avasallamiento que, más allá de sus consecuencias materiales -violentaron una reja para ingresar al hall central de las instalaciones de la productora- se constituye en un peligroso antecedente de la gestación de un movimiento social de insurrectos que pone en riesgo el orden institucional vigente en el país desde 1983, fecha en la que se restauró el sistema democrático.
Nada justifica este modo de actuar en contra de empresas privadas prestataria de servicios públicos, a las que se debería plantear previamente y en forma pacífica el motivo del reclamo, antes que usar la fuerza como método para obligarlas a hacer algo que, habrá que determinar, si corresponde o no.
La violencia como forma de alcanzar reivindicaciones debe ser desechada definitivamente para que el país pueda desarrollarse en un marco de organización y paz.
