La última mirada presidencial sobre la actualidad del país muestra profundas diferencias con el día a día de los argentinos. Toda referencia a la situación económica aparece muy lejana de una realidad fastidiosa que implica ver el casi diario incremento del costo de la vida llevando los índices de inflación a números pocas veces vistos en la historia argentina. Es que el discurso de Alberto Fernández en la apertura del 141¦ periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación el pasado miércoles, con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, mostró una realidad que no llegan a comprobar los ciudadanos, asegurando que el futuro inmediato se verá favorecido "por el crecimiento del PBI que el año pasado fue del 5,4%, según el Indec".
A ello sumó en su exposición que "las proyecciones oficiales y de organismos internacionales prevén una nueva expansión de la economía en 2023, lo que configuraría por primera vez desde 2008 una seguidilla de tres años de mejora en el Producto Bruto". Y siempre en medio de un clima casi triunfalista sobre su gestión, en otro momento de su exposición el presidente defendió el impuesto a la riqueza y se animó a asegurar que "a pesar de los cataclismos tantas veces anunciados, continuamos ordenando nuestra economía, y lo estamos haciendo con el esfuerzo de todos y todas en el gobierno".
Al mismo tiempo dijo que bajar la inflación "no es tarea sencilla", pero que no necesita al FMI "para saber que debemos ir al equilibrio fiscal". Los analistas especializados vienen subrayando que ese ordenamiento está muy lejos de la realidad y, esta vez, no faltaron calificativos de "mentiroso" a la hora de calificar las afirmaciones presidenciales.
Otro momento que irritó a la oposición y por supuesto a aquella audiencia sorprendida por la falta de objetividad de Fernández sobre el presente del país, fue su crítica al Poder Judicial en tan solemne momento del inicio de sesiones del Congreso Nacional. Sin vueltas atacó a esa columna de la República, asegurando que "no cuenta con la confianza pública", lo que es irreal porque nadie preguntó a los ciudadanos sobre el tema y, además, porque quienes se han manifestado críticos con la Justicia hasta ahora han sido algunos miembros del Gobierno y de la corriente "La Cámpora" que sostiene a la vicepresidenta Cristina Fernández, condenada a seis años de prisión por el delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
El país merece un mínimo de sinceramiento por parte de sus máximas autoridades sobre este momento de extrema preocupación para todos los argentinos que desean confiar en quienes gobiernan, electos para ello, para estar preparados ante un futuro incierto que tampoco pudo aclarar el presidente en su discurso.