La decisión del Gobierno nacional de convocar a distintos actores políticos y económicos de la Argentina para acordar las reformas que se pretenden impulsar durante la segunda mitad del mandato de Mauricio Macri, es una medida que venía siendo reclamada desde hace tiempo, pero que no se implementaba por considerar que las condiciones no eran propicias para una concertación de esa naturaleza. Tras el resultado de las elecciones legislativas del domingo último, el Gobierno se ha sentido fortalecido y con la autoridad suficiente para convocar a gobernadores, senadores y diputados, sindicatos, la Justicia e intendentes para comenzar a debatir el proceso de reformas con el que se quiere alcanzar la transformación del país. Con cada uno de estos sectores se quieren definir cambios tributarios, educativos, políticos y fiscales, y el futuro de la Procuración General.

Esta concertación es una práctica casi inédita en nuestro país, con ciertas similitudes a las realizadas por algunos países europeos de posguerra que dieron muy buenos resultados. El primer encuentro está previsto para el próximo lunes, en un lugar fuera del ámbito oficial como el Centro Cultural Kirchner, ya que la idea es que todos los sectores convocados se integran de la mejor manera sintiéndose partícipes de las reformas que se quieren promover.

La idea del Gobierno es presentar en forma general sus planes de reforma, para luego escuchar el parecer de todos los actores de la vida política y económica de la Argentina. En una segunda etapa se tratará sector por sector cada una de esas reformas a fin de ir avanzando en su implementación.

Uno de los primeros sectores en ser convocados ha sido el de los gobernadores de provincia por entenderse que el proyecto de país federal pasa, precisamente, por la coordinación con los mandatarios provinciales. Y en cuanto a los asuntos que requieren de urgente solución está el de la política laboral, con el objetivo de generar las formas de crear trabajo, herramienta fundamental para reducir la pobreza.

El cambio de posición del Gobierno respecto de una gran convocatoria nacional surge de la confianza que otorga el amplio triunfo legislativo y el consecuente fortalecimiento político, que le permite ser dueño de la situación y convocar al diálogo a todos los sectores. Una actitud de apertura inusual en nuestro país que hay que aprovechar para lograr el tan ansiado crecimiento y desarrollo.