Desde hace aproximadamente 15 años, existe un codiciado y vulnerable espacio virtual, al cual se destinan importantes sumas de dinero, además de personas con talento. Se trata del entorno donde actúa la ciberdelincuencia, en el que particulares o grupos de ellos cometen delitos, como asimismo Estados se valen de tales herramientas con fines de espionaje, sabotaje o como forma de perjudicar a adversarios, es decir, como armas. 

Algunos hechos acontecidos pueden reflejar la magnitud del daño potencial de estas metodologías, considerando la hoy omnipresente informática. En abril pasado, el gobierno de Costa Rica decretó el estado de emergencia cuando ciberpiratas lograron acceder a datos clave de la ciudadanía e interrumpir el proceso de cobro de impuestos. Las autoridades reconocieron que había sido vulnerada la información de 27 reparticiones del Estado. Causó esto, literalmente, la paralización de la mayoría de las actividades gubernamentales, con millones de dólares en pérdidas, entre numerosos perjuicios. Los ciberdelincuentes solicitaban un "rescate", para liberar los sistemas informáticos. 

En ámbitos especializados, se menciona que Rusia, desde años atrás, estuvo probando su arsenal informático en Ucrania. Por ejemplo, en 2015 la red eléctrica de este país fue interrumpida por un ataque conocido como "BlackEnergy", dejando sin servicio a miles de usuarios. Un año después, otra ofensiva que se denominó "Industroyer", privó de energía a una quinta parte de Kiev, la capital ucraniana, entre otros atentados virtuales que sufrieron. 

Inclusive, la primer potencia mundial, Estados Unidos, está expuesta a este invisible e imprevisible peligro. En 2021 varios Estados de esta nación también declararon el estado de emergencia cuando un grupo de hackers cerró el Colonial Pipeline, una red distribuidora vital de gasolina y diésel. Por esta vía se transporta el 45% del combustible consumido en su costa este. La empresa del gasoducto admitió haber pagado U$S 4,4 millones de rescate. Tales riesgos han sido detectados como constantes, al punto que el presidente de EEUU, Joe Biden, ha instado a privados y públicos a que "cierren sus puertas digitales". 

No es difícil imaginar las consecuencias que tendría, para cualquier comunidad, el verse privada, por acción de la ciberdelincuencia, de servicios esenciales como el agua corriente, gas, o inclusive de celular o internet. Piénsese si se bloquearan todos los servicios bancarios y de pago con moneda virtual, viéndose los ciudadanos impedidos de realizar compra alguna o extracción de dinero. 

Indudablemente que no estamos ante un hecho circunstancial. Para organizaciones particulares esto resulta altamente rentable. Y para Estados, se configura como una opción muy atrayente como arma ofensiva o defensiva, en consideración del bajísimo riesgo y costo, en comparación con tradicionales alternativas utilizando poder de fuego.