El desarrollo científico y tecnológico del mundo moderno, generalizado mediante la informática y las redes sociales en Internet, ha permitido el acceso casi ilimitado a la información de las personas, no obstante el derecho imprescriptible e inembargable que protege a la intimidad del individuo.

Desde el punto de vista doctrinal, se indica que el derecho fundamental de la personalidad consistente en la facultad que tienen los individuos para no ser interferidos o molestados por persona o entidad alguna, en el núcleo esencial de las actividades que legítimamente deciden mantener fuera del conocimiento público.

Por eso la privacidad es la antítesis de lo público, es decir sólo las personas físicas gozan de intimidad mientras que las jurídicas y las instituciones no, ya que la intimidad requiere del consentimiento para participar de ella sin que se destruya.

Es el consentimiento libre del sujeto para hacer partícipe a otros.
Sin embargo, gente de la farándula, de la política, o de alta exposición mediática, se sienten vulnerados cuando se publican imágenes íntimas y accionan jurídicamente contra los servidores de la web para dar con los culpables, en tanto los medios que difundieron el material se escudan en la libertad de prensa y de expresión.

Frente a la colisión de la intimidad y la libertad de expresión, prevalece la doctrina jurisprudencial que privilegia, antes que cualquier otro valor, el interés social por la difusión de cuantos datos sean útiles para conocer información de una cuestión que de otra forma sería imposible.

Debe recordarse también que el hábeas data es un recurso legal que permite que cualquier individuo acceda a un banco de información -incluso con referencias sobre sí mismo con derecho a corregirlas-, señalado en el artículo 43 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, con una ley de protección de datos personales, actualizada en 2008 para adecuarla a las exigencias actuales.

La protección de datos personales es una inquietud mundial. En la Unión Europea, por ejemplo, en mayo de 2018 entrará en vigor un nuevo reglamento de protección de datos personales, lo que dio lugar a una reunión en Bruselas de representantes de diversos organismos europeos con diplomáticos y representantes de diferentes sectores del derecho, como la Asociación por los Derechos Civiles de la Argentina.

Esto obliga a terceros países a revisar sus respectivas legislaciones y por ello ya trabaja el Gobierno nacional en la normativa correspondiente.