En 2015, el Estado nacional destinaba casi 19.000 millones de dólares para subsidiar las empresas energéticas, ante el atraso tarifario que estaban experimentado, al ofrecer un servicio con un precio que no era el real y que en algunos casos era irrisorio. Esta cifra se redujo a principios de 2019 a unos 6.000 millones de dólares, lo que daba la pauta que se estaba transitando por el camino correcto, aunque una gran parte de la población se quejara por el abrupto incremento de tarifas, como la de la electricidad, que llegó a ser ajustada en casi un 300 por ciento.
La decisión del flamante gobernador de Buenos Aires, Alex Kicillof, de suspender el aumento de la electricidad, aprobado oportunamente por la exgobernadora María Eugenia Vidal, que iba a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del próximo año, es una medida demagógica que puede tener consecuencias adversas al echar por tierra el gran sacrificio que el pueblo argentino viene realizando desde hace cuatro años. Fue cuando el Gobierno nacional se propuso un sinceramiento tarifario que permitiera ajustar los valores de servicios como luz, agua, gas y combustibles, al costo real, para no tener que pagar una diferencia en concepto de subvenciones. Si la población paga la tarifa real que tiene un servicio, entonces el Estado no tiene que subsidiar a las empresas prestatarias de esos servicios y el déficit fiscal baja considerablemente permitiendo que se avance en el equilibrio de las cuentas públicas.
En estos últimos 4 años, por el ajuste tarifario, que generó numerosas protestas por parte de la comunidad, los subsidios bajaron un 70%. Con nuevos ajustes que se continuarían aplicando gradualmente en los próximos años, se preveía llegar a la eliminación de los subsidios. Pero el cambio de gobierno interrumpió este propósito, por lo que el Estado deberá seguir con la política de subsidios por un tiempo más, sacrificando fondos que podrían estar destinados a otras necesidades de la comunidad.
Si bien, la decisión de Kicillof de suspender los futuros aumentos de la electricidad tiene jurisdicción solamente en la provincia de Buenos Aires, el mandatario ya ha hecho pública su decisión de solicitarle al presidente Alberto Fernández que "retrotraiga a foja cero el ente regulador para las energéticas", con el fin de cambiar totalmente la política tarifaria que se ha venido aplicando hasta ahora.
En amplios sectores vinculados con la economía existe consenso de que el sinceramiento tarifario es una medida positiva, como punto de partida para equilibrar cuentas y posibilitar el despegue del país, por lo que desandar el camino que se ha encarado en este sentido no es aconsejable desde ningún punto de vista.