Tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el Gobierno nacional ha iniciado un programa de ajuste, para cumplir con las metas fijadas por el organismo financiero internacional, que deberá compartir con las provincias y que prevé, en términos generales, una reducción de gastos cercano a los 300.000 millones de pesos. De ese total la Nación se encargará de hacer efectivo un ahorro de 200.000 millones de pesos, mientras que las provincias se encargarán de los 100.000 millones de pesos restantes.
Para alcanzar estos valores hay una serie de medidas de ajuste que se deberán implementar, tendientes a que el aparato estatal inicie un proceso de achique que debería ser definitivo e irreversible.
Los esfuerzos que de aquí en adelante realice cada una de las administraciones, tanto la nacional como las provinciales, deberán contener una garantía que establezca la continuidad del ajuste en forma permanente, caso contrario apenas se supere la necesidad de cumplir las metas del FMI o la situación de crisis que afecta actualmente al país, el Estado volverá a crecer en los mismos niveles que ha tenido hasta ahora.
Desde el inicio de la gestión de Cambiemos se ha venido produciendo un achique en el Estado mediante la racionalización de numerosas dependencias oficiales. Después de haber dado de baja a miles de contratos, en enero de este año el presidente Macri dio de baja a unos 600 cargos políticos y dispuso el congelamiento de los sueldos. Este achique alcanzó a 22 ministerios y a la Jefatura de Gabinete haciendo efectivo un ahorro cercano a los 1.500 millones de pesos anuales.
En junio pasado la medida de achique consistió, a nivel nacional, en el congelamiento de los cargos estatales. A nivel provincial, particularmente en San Juan, el equilibrio de las cuentas ha llevado a que el ajuste no sea muy drástico y que en líneas generales no haya sido necesario reducir la planta de personal ni el número de dependencias del gobierno.
De ahora en más, el ajuste deberá pasar por otras áreas del Estado y por tareas específicas, como la obra pública que no es imprescindible y que puede ser postergada. Existe el propósito y la promesa de que la ayuda social no será reducida en ninguno de los distritos, manteniéndose el nivel de subsidios.
Es necesario que las futuras administraciones, sean del signo político que sean, aprendan de los errores cometidos y entiendan que el achique que hoy se está haciendo no deberá ser revertido por nuevos gobiernos.