La legislación inherente a las víctimas del narcotráfico debería prever la internación del adicto para que reciba una atención terapéutica integral, o establecer el tratamiento ambulatorio, con todos los resguardos del sistema de salud, incluyendo las prestaciones de clínicas y sanatorios del ámbito privado y también público. Es una necesidad reclamada por los familiares de los enfermos por la ausencia de normas regulatorias que determinan que sean muy escasos los sitios que hay en el país para una efectiva rehabilitación de los adictos.

El drama de la cocaína adulterada que ha causado 24 muertes y más de 80 hospitalizaciones en la zona Oeste del Gran Buenos Aires, con repercusión mundial, es una tragedia propia de un mercado clandestino de consumidores que no reciben droga pura sino cortada con otras sustancias, para hacer más rentable al narcotráfico local. Se conoce que Argentina ha pasado de ser un país de paso para la droga a ser un país consumidor, por la forma de pagar que tiene el narcotráfico y la falta de controles firmes a una actividad lamentable. Esto es lo que determina la necesidad para que se promueva la creación de una mayor cantidad de centros de tratamiento, ya que los que existen actualmente son escasos y no alcanzan a cubrir las necesidades que se están planteando.

La situación más dramática se plantea en la indefensión de las familias del adicto debido a las incoherencias de la Ley de Salud Mental que dificulta las internaciones, supeditándolas a la voluntad del paciente, y la falta de sitios adecuados para esos tratamientos. Cada vez se hace más dificultoso acceder a uno de esos tratamientos por todos los requisitos o recursos que se exigen a un sector de la población que muchas veces no cuenta con los medios para solventar una terapia. De ahí que también se vayan estableciendo diferencias sociales entre los que pueden solventar un tratamiento y aquellos que no.

La Ley de Salud Mental 26.557 fue impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presidido por Horacio Verbitsky, y votada por la mayoría kirchnerista con falso concepto de asimilar el tratamiento psiquiátrico a la tortura, y pone innumerables trabas a una internación contra la voluntad del enfermo. Insólitamente en la elaboración de la ley no participaron las asociaciones de médicos psiquiatras ni las facultades de medicinas, ni los centros médicos privados y públicos, ni los especialistas en recuperar a los jóvenes afectados por las drogas, para reincorporarlos a la sociedad.

Habrá que promover una reforma total del sistema para que los tratamientos por adicciones estén al alcance de una mayor cantidad de personas que en estos momentos sufren sin tener acceso a una terapia que los ayude encontrar una salida digna.