Más allá de la religión que cada cual profese o no, los mandamientos del Evangelio tienen milenios de antigüedad, fuera de toda duda. Tras el enunciado del séptimo de ellos, "No robarás", subyace inconfundiblemente el Derecho de Propiedad, toda vez que condena sustraer algo que pertenece al dominio de alguien. Resulta oportuna la referencia, en consideración de que desde hace unos años se ha intentado vincular el Derecho de Propiedad con nuevas rapacidades egoístas de algunos grupos. La distancia con la verdad de tales pretensiones no podría ser mayor. Además de tratarse de una institución histórica, el carácter de su universalidad queda acreditado en que diversas culturas, de dispares puntos del planeta, en toda época, ejercieron en mayor o en menor grado tal derecho.

Es ante la posibilidad de poseer bienes muebles e inmuebles que los resortes más vigorosos de las personas se activan. Desde esas expectativas positivas se expansionan voluntades, energía aplicada al trabajo, proyectos, interacciones, aprendizajes y evolución. No solamente quien logró alcanzar los bienes que pretendía se vio beneficiado, sino la sociedad toda. Esto llegó a ser asimilado oportunamente por China. Luego de décadas de un sistema comunista que presuponía sólo la propiedad colectiva, comenzó en la década de 1980 una gradual apertura hacia un Capitalismo en lo económico, con la Propiedad Privada como centro de toda gravitación. Si bien en lo político China sigue siendo comunista, un régimen de partido único y sin comicios, el haber otorgado valor y trascendencia en su ordenamiento legal al Derecho de Propiedad, multiplicó su productividad y la convirtió en potencia mundial.

En Argentina parecería, desde años atrás, que se estaría recorriendo un camino inverso. Se presentan cada vez con más frecuencia tentativas e iniciativas que cuestionan la base misma de la institución de la Propiedad, no solamente privada sino también pública. Es el caso de ocupaciones de territorios e inmuebles en el sur argentino, sin la oportuna intervención de quienes deben velar por los derechos. O el proyecto presentado por una agrupación en la legislatura porteña, denominado "Vivienda vacía". Según el mismo, toda residencia desocupada por más de 90 días ingresa obligatoriamente al control del Instituto de la Vivienda, organismo Estatal que alquilaría dicho inmueble. Casi que no sería necesario destacar que esto reduciría drásticamente las disposición de viviendas para alquiler, elevando consecuentemente y de manera importante los precios. Es decir, generaría una grave crisis habitacional.