Si bien los representantes de las distintas entidades que agrupan a los viñateros de San Juan y Mendoza avanzaron hace unas semanas en acordar un precio para la uva que supera ampliamente el 100% de inflación, el sector bodeguero no está de acuerdo y ofrece mucho menos en una negociación que todavía no está cerrada, y que ha comenzado su carrera contra el reloj, ante la necesidad de cumplir con los plazos de la cosecha.
La pretensión de los viñateros de pedir 115 pesos por el kilo de uvas comunes para vinificar se basa en que este año la vendimia se presenta complicada con parrales castigados por las heladas, caída de granizo y por una sequía que ha provocado una notable reducción de la uva a cosechar. Las estimaciones de cosecha señalan que este año la cantidad de uva para vinificar será incluso menor a la del 2022 debido a los miles de hectáreas dañadas tanto en San Juan como en Mendoza.
La discusión con los bodegueros surge a partir de que este sector ofrece entre los 60 y 80 pesos, con un posible ajuste de las cuotas por el índice de inflación. Ese monto surge de considerar que el año pasado se pagó 30 pesos por kilo de uva en promedio, y que como la inflación anual que mide el Indec estuvo cerca del ciento por ciento ahora correspondería pagar no mucho más de los 60 pesos, pudiendo llegar la oferta a los 80 pesos como una contemplación especial.
Lo malo de todo esto es que mientras se discute el precio apropiado hay sectores dentro de la vitivinicultura que están haciendo negocios en beneficio de los representantes más poderosos de la industria, un aspecto que a la provincia de San Juan no la posiciona en un mejor lugar y que, por el contrario, la estaría perjudicando como partícipe minoritaria de un mercado que desde hace tiempo está manejado por Mendoza.
Hay versiones de que grandes bodegas de la provincia vecina, conociendo la situación que se iba a plantear en esta temporada con la escasez de uva, se aventuraron a comprar anticipadamente gran parte de la producción sanjuanina, para asegurarse la materia prima necesaria, en momentos en que recién los racimos estaban en formación. Es decir que las mejores uvas irían a Mendoza quedando en San Juan un producto que no representa la calidad de la producción local.
Un punto distintivo es que por primera vez las entidades de viñateros de las dos principales provincias vitivinícolas del país, San Juan y Mendoza, acordaron una estrategia común en relación al precio de la uva, que lo ha llevado a un nivel aceptable, aunque el sector bodeguero sostenga que se trata de valores que serán muy difíciles de alcanzar en las actuales condiciones del mercado con caída, por ejemplo, de las exportaciones.
Un acuerdo entre ambas partes, sin intervención del gobierno y sin resignar pretensiones económicas, no será fácil, porque cada sector está dispuesto a defender lo suyo desde el punto de vista que cada vez son más estrechos los márgenes de ganancia.