El conflicto mapuche que comparten Argentina y Chile en la zona patagónica ha llegado a un punto que no tendría que admitir mayor tolerancia por parte de los respectivos gobiernos. Urge tomar medidas para evitar que falsas comunidades indígenas, que no son otra cosa que grupos de subversivos y terroristas infiltrados, prosigan con la destrucción y el caos que están provocando en esa amplia región en el sur del continente.

La detección de esos falsos grupos de pueblos originarios para desalojarlos de inmediato y deportarlos a donde corresponda es una tarea que los gobiernos, a través de sus respectivas embajadas, deberán abocarse de inmediato sin ningún tipo de prorroga o de tecnicismos como el del relevamiento de comunidades mapuches dispuesta por la ley 26.160 aprobada en 2006 y prorrogada ya tres veces en nuestro país, norma que mantiene suspendido los trámites procesales y administrativos que implican el desalojo o desocupación de tierras en manos de comunidades aborígenes.

Es imperioso que el gobierno utilice todos los medios a su disposición para dar fin a este conflicto de larga data, que comenzó como un reclamo por parte de los pueblos aborígenes por posesión de tierras y que luego se fue intensificando hasta ponerse de manifiesto con graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, el terrorismo y al crimen organizado cometido por grupos armados. 

Los numerosos incidentes a ambos lados de la frontera requieren un corte inmediato, con toda la fuerza posible, sin escatimar ningún tipo de acción. La aplicación de la Ley 23.554 de Defensa Nacional que prevé la coordinación de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar agresiones a la soberanía nacional es necesaria en este caso al considerarse una emergencia a solucionar.

En Chile el gobierno ha militarizado el conflicto por la gravedad adquirida y declarado un punto de tensión diplomática con Argentina por la actuación del embajador Rafael Bielsa en defensa durante una audiencia judicial del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala, actualmente detenido en el país vecino.

No hay margen para esperar más ya que este grave conflicto apunta a intensificarse y a poner de manifiesto distintas aristas de un avance que comienza a demostrar que detrás de todo este planteo hay otros intereses que conspiran contra el país, poniendo en peligro su soberanía y la paz nacional.