La Corte Suprema de Justicia ha exhortado al Congreso a cumplir con el deber constitucional de designar Defensor del Pueblo de la Nación, cargo que se encuentra vacante desde hace siete años sin que el Poder Legislativo haya intentado cubrir la acefalía que afecta a la ciudadanía el papel relevante de defender a la comunidad, a la vez de afectar la legitimidad de la figura del ombudsman.
El último Defensor del Pueblo fue el cordobés Eduardo Mondino, quien renunció en 2009 para dedicarse a la política en su provincia. Desde entonces la función estuvo a cargo de subalternos hasta que el mandato del último defensor adjunto venció en diciembre de 2013. Y es probable que nadie se hubiese acordado de esta figura de la Constitución si no hubiese incidido en un planteo efectuado en la causa por daño ambiental contra el Estado Nacional por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Es que el Defensor del Pueblo cumple una función relevante en la ejecución del plan integral de saneamiento ambiental fijado por la Corte en la sentencia del 8 de julio de 2008. Precisamente se le atribuyó al ombudsman el papel de coordinar el cuerpo colegiado que integra junto con las organizaciones no gubernamentales intervinientes, a fin de garantizar la participación ciudadana en la instancia del proceso.
El nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo es responsabilidad exclusiva del Congreso, mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras. Los presidentes de Diputados y Senadores ya fueron notificados por la irregularidad y es de esperar que la vacante se cubra cuanto antes para legitimar el Estado de derecho.