Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri la política migratoria fue considerada una prioridad frente a la ausencia de un marco regulatorio para los extranjeros que quisieran ingresar al país. A los dos años se dictó el decreto 70/2017 que incluyó una serie de requisitos para los inmigrantes, de manera de prohibir la entrada a personas con antecedentes penales en su país de origen y se agilizaban los procesos de expulsión.

El DNU, como es habitual, fue impugnado por la oposición, las organizaciones de derechos humanos y también la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró su "invalidez constitucional” frenando su aplicación. El Gobierno, de todos modos, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que ahora debe definir y, por otro lado, avanza en un proyecto de ley. Mientras tanto se estima que hay más de 2.200 delincuentes extranjeros en condiciones de ser expulsados, según el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Veamos qué pasa detrás de la cordillera: El Gobierno de Chile ha continuado con la política de "poner en orden la casa”, según el presidente Sebastián Piñera, con la expulsión de 114 extranjeros que cometieron delitos o se encontraban en situación irregular. Gracias a las rígidas normas de regulación migratoria, el miércoles último debieron abandonar Santiago 32 colombianos, 68 bolivianos y 14 peruanos y con ellos ya suman 302 los expulsados en lo que va de 2019. Este último grupo fue embarcado rumbo a Bogotá y Lima en un carguero de la Fuerza Aérea, en tanto los bolivianos fueron expulsados a través de la frontera terrestre.

Durante 2018, más de 2.500 extranjeros abandonaron Chile por el plan de regulación migratoria. De todos los que volvieron a sus países, 2.049 fueron por expulsiones basadas en comisión de delitos o que tenían procesos judiciales en sus países y fueron detectados. También regresó más de medio millar de haitianos que optaron por acogerse al "Plan de Retorno Humanitario Ordenado”, que incluye los costos del viaje y la prohibición de regresar a Chile durante nueve años.

Como señaló el ministro del Interior trasandino, Andrés Chadwick, que presenció las expulsiones, "son personas que no queremos que ingresen al país, queremos gente que venga a aportar y a mejorar sus condiciones familiares, no a delinquir”. Otra lección de Chile donde lo pragmático se impone sobre lo ideológico y lo político.