El mediático juez federal Sebastián Casanello es conocido por la extrema lentitud para avanzar en las causas por corrupción que involucran a exfuncionarios kirchneristas y, por otro lado, por su obstinada rapidez para actuar en la causa por el derrame de solución cianurada en Veladero en 2015.
A pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le marcó la cancha a Casanello, al ordenarle que se abstenga de intervenir en este incidente, y tomar medidas en San Juan, ahora insiste en generar un conflicto de competencia. Es que el magistrado se entromete en una jurisdicción subrogada por el juez Hugo Quiroga, a cargo del Juzgado Jáchal, Segunda Circunscripción Judicial de San Juan.
Casanello había ordenado realizar estudios de sangre y orina a los pobladores de Jáchal e Iglesia, y análisis de suelo, agua, flora y fauna en esos departamentos. Todo esto lo dispuso el 29 de junio último, a tres años del incidente minero, y cuando estos estudios ya fueron realizados en las actuaciones locales. Sin embargo el polémico magistrado pidió la intervención de la Universidad Nacional de Cuyo y a los asambleístas jachalleros un listado de gente para participar en la evaluación.
Como corresponde, Quiroga le ha solicitado a Casanello se abstenga de intervenir en el problema ocasionado por la minera Barrick, tal como lo dispuso el alto Tribunal de la Nación y que si existiera alguna competencia a su favor, sería la responsabilidad que les cabe a exfuncionarios nacionales en el control de la actividad minera del país.
El magistrado porteño tiene una marcada posición antiminera influenciada por los ambientalistas ideológicos, y en este caso su obstinación responde a una denuncia presentada en su juzgado por la ignota Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia. Pero la Corte Suprema ha sido clara en apartarlo de sus actuaciones con la advertencia de que estaba fuera de su competencia.
Por su pasión ambientalista Casanello tiene una situación cercana a su juzgado que lo debería apasionar: la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. La limpieza del histórico cauce nauseabundo, ordenada en 2008 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los gobiernos nacional, porteño y bonaerense, sigue sin mayores avances en los trabajos de saneamiento mientras millones de personas sufren las consecuencias de la gran polución ambiental muchas veces contrayendo enfermedades irreversibles.
