Las autoridades nacionales han mostrado preocupación por el estado en que se encuentran numerosos bienes provenientes de la corrupción, el narcotráfico, trata de personas, terrorismo y otros delitos cuyo origen no pueden justificar los acusados de estos ilícitos. Mientras transcurre la burocracia tribunalicia y la oposición rechaza las decisiones oficiales mediante Decretos de Necesidad y Urgencia, los bienes se deterioran o demandan altos costos de mantenimiento.
Deben recordarse las numerosas causan judiciales que han inmovilizado aeronaves, embarcaciones, centenares de vehículos y maquinaria vial, inmuebles y diversas propiedades, que producen un gasto mensual elevado en almacenamiento, custodia, cobertura de seguros totales y aún así muestran signos de deterioro por falta de uso y mantenimiento.
El DNU sobre la extinción de dominio ya fue publicado y enviado al Congreso para comenzar a debatirse en comisiones, pero no es rápido ni fácil el tratamiento del tema por las trabas de la oposición, tanto a la medida administrativa como a darle forma a una ley sin antes observar su contenido con fines políticos e intereses sectoriales.
No obstante el DNU sigue vigente y puede dar lugar a la idea de implementar una subasta inmediata para enajenar esos bienes recuperados, sacándole un peso de encima al Estado. Es cierto que es peligroso avanzar sobre bienes que están en proceso judicial a la espera de una sentencia, pero la iniciativa del PEN prevé crear un "fondo de garantía" con un porcentaje de cada subasta, para atender los casos en que se deba reintegrar los bienes por absolución o sobreseimiento.
Pero el apremio para desprenderse de los elementos recuperados de ilícitos tiene una razón económica que la soporta el Gobierno y si no se actúa de inmediato las pérdidas serán importantes. Por ejemplo una aeronave recuperada está pagando seguros, hangaraje, tasas aeroportuarias, mantenimiento, combustible, y pago a tripulaciones para cumplir las horas mínimas de vuelo según las normas de aeronavegabilidad.
La lucha contra la corrupción y el narcotráfico debe ser pragmática en este aspecto, sin que varíe en absoluto el proceso judicial. Se trata de una lógica que vale para toda situación donde la extinción de dominio esté acompañada por el sentido común. Algunas provincias, como Mendoza y Chubut están avanzando en legislaciones similares para disponer de estos bienes y otras tienen sistemas vigentes.