El Gobierno de la Nación ha iniciado una ronda de trabajo con los ministros de finanzas de las provincias a fin de implementar en conjunto los ajustes presupuestarios que deberán poner en marcha las diferentes jurisdicciones del país, como requisito indispensable para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), condicionadas para recibir el crédito de 50.000 millones de dólares destinado a sanear las cuentas públicas.

El drama que se plantea en los gobiernos provinciales es por demás complejo, ya que la coyuntura demanda mayores erogaciones por el efecto inflacionario, por una parte, y por otra dispondrán de menor disponibilidad de recursos.

Ajustarse el cinturón en las provincias por 100.000 millones de pesos, de los cuales le tocarían a San Juan aportar entre 3.000 y 3.500 millones de pesos, es todo un desafío para cerrar el nuevo Presupuesto General ún previendo una mayor recaudación en 2019.

A diferencia de lo que ocurre en la actividad privada, donde los ajustes son drásticos, en el Estado las políticas tienen una proyección inherente al bien común y por ello el lápiz debe manejarse con precisión de cirujano. Además los gobiernos que vienen haciendo una buena administración están fortalecidos para capear el temporal, más si sólo se trata de una poda nacional limitada a los llamados fondos discrecionales y de transferencias no automáticas que llegan por afuera de la Coparticipación federal.

La actual gestión carece del manejo populista y de la demagogia paternalista anterior y, por el contrario, el enfoque gubernamental son las mega obras destinadas a la producción y la generación de empleo. La presa de El Tambolar, la Línea Extra Alta Tensión San Juan-Rodeo y el empuje oficial a la industria calera para que no pierda competitividad, son tres claros ejemplos de estos días. El contexto financiero no desatiende los objetivos estructurales a pesar de la crisis económica. Asimismo la expansión minera sigue con inversión firme.

Tampoco se tocan los planes sociales ni las ayudas destinadas a los más necesitados, de manera que la austeridad oficial se basará en la eficiencia administrativa eliminando gastos superfluos o de áreas ociosas heredadas de gestiones anteriores. En nuestro medio, con los números en orden según ha manifestado en ministro de Hacienda sanjuanino, y sin los viejos compromisos políticos y sectoriales que suelen demandar prebendas, la dinámica actual no debería resentirse frente a la emergencia financiera nacional.