El accionar de lo narcotraficantes en Argentina ya llegó a un límite intolerable, en el cual el Estado nacional como los provinciales deben combatir. Este flagelo no es sólo la venta de drogas a gran escala o el menudeo donde están involucrados desde niños que hacen las veces de "soldaditos", hasta adultos que ven una gran ganancia al vender droga. Sin embargo, se sabe que los grandes "peces gordos" que manejan el negocio de la narcocriminalidad están en otros ámbitos.

En la última semana, algunos políticos argentinos se refirieron al tema y esgrimieron denuncias difíciles de comprobar sobre el tema, al decir que hay personas importantes que fueron "tocadas" por el narcotráfico, a cambio de beneficios de todo tipo. 

Argentina es un país con sus fronteras sin vigilancia. No hay controles, el Norte es señalado como el ingreso de toneladas de droga desde donde se distribuye en el camino hasta llegar al puerto de Rosario para enviarla a Europa, aunque también gran parte se desvía hacia Buenos Aires y otras provincias, según especialistas nacionales.

Así las cosas, el narcotráfico avanza. Gran parte es por la desidia que desde hace décadas manifestaron las distintas administraciones gubernamentales. Incluso el actual gobierno se ve sobrepasado por la situación, por lo que es cuestionado por distintos sectores de la sociedad.

En este marco, la ciudad de Rosario, en Santa Fe, es el epicentro de esta monstruosa escenografía del crimen organizado. Las cifras oficiales del narcotráfico en esa provincia son escalofriantes. En 2022 hubo 258 homicidios relacionados con organizaciones de la droga, hay 22 muertes en promedio por mes; en febrero último se contabilizaron 33 asesinatos. En 2022 hubo más de 770 causas por comercio ilegal de estupefacientes; en Rosario, el 59% de los delitos provienen de la venta de drogas.

El otro lado de la moneda es un Estado casi invisible ante el avance narco. Según datos oficiales, la Nación envió sólo 1.000 gendarmes para ocuparse de los delitos federales de narcotráfico. El resto de los 2.300 uniformados federales están repartidos en el resto de la provincia. Según el Observatorio de Seguridad Pública santafesino, el narcotráfico en Rosario desató más de 300 muertes en los últimos 14 meses.

Las críticas de la sociedad argentina apuntan también a que es inaudito que los presos en las cárceles cuenten con teléfonos celulares e internet, desde donde preparan sus ataques de todo tipo, según ya fue confirmado oficialmente. Desde la actual administración nacional esgrimen como argumento que se trata de "derechos humanos" para los condenados. Incluso ya se trabaja en colocar fibra óptica en las cárceles para brindar mayor conectividad a los presos.

Es vital que se encare una lucha frontal contra el narcotráfico, que además fomenta la corrupción en todos los estamentos sociales. Se trata de una cuestión de estado.