La medida de despedir a más de 40 asesores del bloque radical de la Cámara de Senadores de la Nación que, según el oficialismo, respondió a un criterio estrictamente administrativo de reducción de gastos y no político, al haberse comprobado que dichos cargos eran innecesarios, tiene en su esencia el sentido de cómo se tendría que proceder en varios ámbitos del Estado. No se pone en discusión si las cesantías fueron oportunas o no, lo que se está tratando de establecer es que si esos cargos son necesarios o no para el funcionamiento de los distintos bloques y si no son excesivos para el erario nacional.
Es verdad que un senador o un diputado necesita contar con el asesoramiento de profesionales para abordar diversos temas, que luego pasarán a ser proyectos de ley y, en una etapa posterior, las leyes que regirán los destinos del país. Es lícito que si un legislador va a elaborar una ley, por ejemplo que contemple la crisis hídrica, se rodee de especialistas y expertos en la materia para tratar de obtener una buena legislación. Lo que se debería evitar en todos los bloques legislativos, desde el Congreso hasta los concejos deliberativos municipales, y en las demás dependencias del Estado que cuentan con el sistema de asesores, es la incorporación y permanencia de agentes administrativos que no cuentan con ninguna capacitación especial o conocimiento científico acabado y que llegan a esos lugares por contactos políticos, en cumplimiento de alguna promesa electoralista o por pertenecer al entorno del legislador o funcionario que lo designa.
Hay pruebas suficientes de que tanto en el Estado nacional como en los gobiernos provinciales y municipales hay cargos o puestos de trabajo que no se justifican, a los que se ha llegado por militancia política o por cumplir un rol dentro de las estructuras políticas que se van turnando en el gobierno. Hay casos en que esos cargos van rotando según la alternancia política, pero hay otros que han aprovechado un período para quedar incorporados sin considerarse la necesidad o la función que cumplen, haciendo uso de un derecho adquirido que les otorga estabilidad aunque su función no sea muy específica ni esté debidamente justificada.
Sin duda, lo resuelto en el Senado ha generado una gran conmoción al habérsele atribuido un sentido político, pero es un importante punto de partida para que esta "movida" siga en otros ámbitos de la administración pública en cargos de asesorías o de contrataciones temporales, que una vez cumplidas deben cesar para evitar excesivos gastos.