Para cualquier trabajo calificado o profesional se requiere de una capacitación especial académica, o de un título universitario que garantice el buen desempeño y la idoneidad en el cumplimiento de la tarea encomendada. En la actualidad es inadmisible hablar de profesionalismo si no se acredita primero la aprobación de un programa de estudio y luego la capacitación y práctica correspondiente. En el campo del Derecho el título de abogado es básico e imprescindible, y es por eso que no se concibe y, de hecho, es imposible que haya magistrado ocupando cargos sin cumplir ese requisito mínimo. Sin embargo, el senador y consejero Ruperto Godoy lo viene haciendo hace casi tres años, aprovechando una interpretación de la ley de designación, que ahora la Justicia ha corregido exigiendo su destitución. 

El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, incorporado a la Carta Magna mediante la reforma constitucional realizada en 1994. Está regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de cada Cámara, y tiene a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Está integrado por trece miembros y Godoy, a pesar de no ser abogado, ocupa una banca desde 2014.

En este conflicto es lamentable el papel de la bancada justicialista del Senado de la Nación, presidida por Miguel Pichetto, que salió a defender a Godoy a pesar de que, a la luz de las nuevas disposiciones, no está cumpliendo con los requisitos mínimos exigibles para ocupar un cargo de tanta envergadura. Aunque es más lamentable la forma en que se está comportando el senador quien se niega a dejar el lugar y está agotando todos sus contactos políticos y legislativos, para tratar de quedar en un sitio que no le corresponde. Por decoro Godoy debería ceder ese alto cargo en la Magistratura a uno de sus pares debidamente habilitado, en un acto de honestidad y renunciamiento que sirva de ejemplo a la ciudadanía y a una clase política y dirigencial acostumbrada a alcanzar objetivos mediante el uso y abuso del poder. El fallo que lo obliga a cesar en el cargo es coherente y lógico, además de estar basado en el sentido común. Godoy debería entender, por más experiencia y capacidad que acredite, que carece de un requisito básico para un ámbito al que está aferrado gracias a su habilidad política.