Los numerosos casos de violencia de género que a diario se dan en el ámbito nacional y las situaciones de abuso sexual de menores que, en sus distintas modalidades, son denunciados en todo el país, demuestran que cada vez es más necesario que la Justicia los aborde sin ningún tipo de contemplación, aplicando las más duras condenas, en uno de los temas más sensibles para la sociedad.
Tanto la violencia de género que puede derivar en los aberrantes femicidios, como los abusos sexuales de menores que pueden abarcar casos de violaciones, corrupción de menores, difusión de imágenes y espectáculos pornográficos de niños, exhibiciones obscenas y ciberacoso sexual infantil o grooming, entre otras, son flagelos que cada día se hacen más frecuentes dentro de la sociedad con casos que no terminan de asombrar ni al común de la gente ni a los profesionales del ámbito de la Justicia que les toca intervenir en estos temas.
Los femicidios han tenido en los últimos años un incremento considerable. En 2023 hubo 250 víctimas directas, lo que representó un 10,6% más que en 2022, en que se registraron 226 casos. En lo que va del 2024, del 1 de enero al 30 de junio, el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación registró 147 asesinatos de mujeres, con una proyección que de cumplirse llevará a fin de año a duplicar el número de casos. Expertos en psicología y sociología están tratando de determinar las causas que provocan las constantes agresiones de género que se da en todos los niveles más allá del proceso reivindicatorio de la mujer.
En el caso de los delitos que atentan contra la integridad sexual de menores, basta observar la crónica diaria para
darnos cuenta que este fenómeno se ha hecho moneda corriente sin distinguir niveles ni condiciones sociales. De repente un changarín, un docente, un empresario o un político de renombre es detenido por abuso infantil, lo que más allá de generar el más absoluto repudio requiere de la Justicia que actúe sin ningún tipo de prerrogativa.
Si bien para todos estos delitos están establecidas las penas correspondientes, lo que se pide a la Justicia es que no tenga en cuenta posibles atenuantes y aplique a cada caso la más elevada condena posible.
Las penas por casos de violencia de género pueden ir de 8 meses a 1 año, pero pueden hacerse extensivas también hasta 3 años. Donde las condenas son más duras es en los casos de femicidio donde la pena puede llegar a ser de reclusión o prisión perpetua. Respecto del abuso sexual la pena puede ir de 6 meses a 20 años de prisión. En este caso hay que tener en cuenta que el bien jurídico protegido es la libertad sexual de las personas, que se ve agredida en el derecho de la propia voluntad. Cuando el abuso sexual recae en niño o niña de 13 años, el atentado afecta la sexualidad del menor en su desarrollo potencial y en su futuro desarrollo personal. Las consecuencias de un abuso o una violación a un menor constituye un mal que nunca se supera y que marca de por vida a una persona. Por ese motivo es que al juzgar casos de violencia de género y abuso sexual infantil, el reclamo es uno solo: Tener en cuenta el efecto social de estos delitos y aplicar penas ejemplificadoras para desalentar una tendencia en crecimiento.