La suboficial Claudia Angélica Brizuela Tello (33 años, instructora en el Servicio Penitenciario Provincial), le pagará 1,2 millones de pesos a la aspirante a penitenciaria, Milagros Cortez Aguilar (24), para que se extinga definitivamente la causa judicial que se abrió en mayo pasado, para investigar si, en una actividad práctica, lesionó sin querer a esa joven, asmática crónica, por obligarla a hacer ejercicios cuando estaba autorizada a no realizarlos, la tarde del 16 de mayo pasado en el camping de la Fuerza situado detrás de la cárcel de Chimbas, dijeron fuentes judiciales.
La conciliación es una salida alternativa para solucionar los conflictos en la justicia penal. Y aunque no implica la entrega de dinero como otra figura que sí la contempla, la reparación integral (prohibida para funcionarios públicos), no impide que se incluya como parte del pacto, dejando la puerta abierta para un eventual reclamo indemnizatorio de la víctima en la justicia civil.
Según fuentes judiciales, la penitenciaria acordó esa salida a través de su defensor, Claudio Vera, con el fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Ignacio Domínguez (UFI de Delitos Especiales) y la propia aspirante y su abogado, Omar Quiroga. Todo indica que el pago podrá efectuarse en cuotas (se habla de 6), indicaron.
Si cumple, la consecuencia será positiva para la imputada pues en su planilla prontuarial no figurará el antecedente, pues será sobreseída, precisaron.
‘Neumodiastino producido por efecto Macklin’ fue el diagnóstico del médico que revisó a la aspirante, fijándole 10 días de incapacidad. Esa afección se produce cuando ingresa aire en la zona del mediastino, provocando dolor en el pecho y la zona abdominal, indicaron.
Según la joven, aquel día había sido exceptuada de los ejercicios de rigor a los que son sometidos quienes quieren ser penitenciarios. Pero a eso de las 17, apareció la instructora Brizuela Tello y ordenó a los 130 aspirantes (60 eran mujeres) a tirarse al piso en posición de hacer flexiones de brazo, pero sin hacerlas, pues con ese ejercicio se busca conseguir frialdad y agilidad mental para actuar en situaciones imprevistas, como un motín, un incendio o cualquier otra emergencia.
La instructora aseguró que nadie le informó que la joven no podía hacer ejercicios físicos ese día, porque de saberlo no se lo habría ordenado: ‘los instructores estamos para formar, para construir, no para destruir’, dijo Brizuela Tello ante el juez, Federico Rodríguez. La aspirante, en cambio, dijo que sí lo avisó y que al menos una compañera suya podía atestiguarlo.
Si el juez homologa el acuerdo que le presentarán las partes el próximo lunes, el sonado caso cerrará en la justicia como si nunca hubiera existido.