Otro revés para el conocido abogado penalista, Gustavo de la Fuente, en el sonado caso que lo tiene preso junto a otros dos sujetos, por la presunta trata de al menos 21 mujeres con la venta de sexo virtual a través de cuatro sitios de internet, entre octubre de 2023 y los primeros días de julio pasado. Según fuentes judiciales, en los últimos días, los jueces de la Cámara de Apelaciones de Mendoza, Manuel Alberto Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Curci, rechazaron un pedido de los abogados defensores, para que tanto el letrado como el colombiano, Jhon Sebastián Quevedo Medina, y el venezolano, Wuillder Gehys Nazareth Rodríguez Martínez, sean excarcelados y enfrenten la investigación en libertad, indicaron fuentes judiciales.
En agosto pasado, los tres habían sido procesados con prisión preventiva por el juez federal, Leopoldo Rago Gallo, a pedido de los fiscales Francisco Maldonado, Fernando Alcaraz y María Alejandra Mángano, cotitular del Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), organismo que elaboró un informe preliminar, clave para reactivar la causa en San Juan, pues en marzo de 2022 se había archivado una primera denuncia en la justicia provincial.
Los defensores apelaron la decisión del juez federal ante el tribunal mendocino, para que sean excarcelados, por un lado. Y también con la intención de debilitar o derribar su presunta vinculación con los graves delitos que les atribuyen, aunque ese reclamo aún no está resuelto, indicaron.
Pero ya en aquel momento, tanto Fiscalía como el magistrado, habían considerado que ninguno de los sospechosos debía quedar libre, por los riesgos que eso acarrearía al proceso en trámite, pues podían fugarse (dos de ellos son extranjeros) ya que, al cabo de un juicio podrían recibir una pena de prisión efectiva. También entendieron que podían entorpecer la investigación, influenciando a las testigos del caso, las mujeres consideradas víctimas de la explotación sexual.
Según Fiscalía, el negocio del ‘streaming erótico’ se inició con la captación de mujeres vulnerables, a las que se proponían supuestos trabajos de modelaje a través de las redes sociales en la empresa ‘Belle Argentina’. Pero luego eran convencidas para producir o transmitir videos eróticos en una sala habilitada en una casa alquilada en Güemes al 4 Sur, en Capital. La propuesta era cobrar en dólares la mitad de los ingresos (en salas privadas se percibía un dólar el minuto), pero al final de cada ciclo laboral, esas sumas se transformaban en pesos al cambio que los empleadores querían y se reducían, por multas, consumos de mercaderías en el ‘drugstore’ del colombiano, el descuento por los juguetes sexuales que usaban. O el cobro del alquiler, pues varias de esas mujeres no tenían donde vivir y tanto el letrado como el colombiano les ofrecían los departamentos que tienen en Libertador al 366 Este, en Capital. La sospecha es allí eran tentadas a prostituirse.
Los tres sospechosos son investigados también por un posible lavado de dinero.