Una sonada causa de estafas con la venta de lotes entre 2013 y 2014 que, a montos actuales totalizaría unos 250 millones pesos, será para los damnificados (hubo al menos 12 denunciantes) un indignante recuerdo. Es que el empleado judicial y su hermano comerciante, los principales imputados, accedieron al beneficio de la probation. Y si pagan 1 millón de pesos como reparación simbólica del daño contra los denunciantes y realizan tareas comunitarias en entidades con personas enfermas, serán sobreseídos. Esa es la consecuencia del beneficio de la probation (suspensión del juicio a prueba) que les otorgó la jueza del Tribunal Oral Federal, Eliana Rattá, tras un acuerdo alcanzado entre el fiscal federal, Francisco Maldonado, con los imputados (el empleado judicial provincial, Juan Carlos Obredor Balmaceda, y su hermano comerciante Juan Manuel), y sus abogados defensores, Leonardo Miranda y Federico Esteybar.
Días atrás, la magistrada rechazó un pedido de los abogados de la Parte Querellante, Oscar Adárvez y Gabriel Russo, para revocar la probation los Obredor Balmaceda porque no habían depositado el dinero comprometido, que será repartido entre los damnificados.
Durante la audiencia, dos de los damnificados manifestaron su claro descontento con la salida que tuvo el caso.
Sin embargo, en esas salidas alternativas para solucionar conflictos penales, la opinión de los damnificados no obliga o no es vinculante para el juez.
EL FRAUDE
Un poder general otorgado por los supuestos dueños de los lotes; un certificado policial de supervivencia de los mismos presuntos propietarios; un plano de los terrenos. En apariencia todo en estaba en regla, tanto que entre setiembre de 2013 y junio de 2014, el empleado judicial provincial (actualmente suspendido) y su hermano, obtuvieron al menos $1.360.000 de 12 víctimas con la venta de lotes en un lugar privilegiado de Santa Lucía. Pero era todo falso y lo puso al descubierto un funcionario público y también un escribano, cuando supo que uno de esos propietarios, Orlando Adárvez, había fallecido.
El 7 de julio de 2013 hubo denuncia. Entonces se corroboró que eran truchos los DNI del fallecido Adárvez y su esposa que, en consecuencia, tampoco eran sus firmas las que figuraban en el poder otorgado al empleado judicial para vender los terrenos. Y que también era falsa la firma del policía en el certificado de supervivencia y la del funcionario público en el plano necesario para escriturar.
Y los Obredor Balmaceda quedaron en serios aprietos. El judicial, al defenderse, dijo que también había sido víctima de una pareja, a la que le creyó, pero nunca aportó datos para identificarlos. Su hermano aseguró que solo le daba una mano al judicial, pero los damnificados lo señalaron como parte activa en la maniobra.
Los imputados reclamaron para intentar revertir la situación, pero un tribunal superior confirmó las sospechas en su contra, pero al llegar a juicio en el Tribunal Oral Federal, se les abrió una puerta: a través de sus defensores, Leonardo Miranda y Federico Esteybar, acordaron una salida alternativa: la suspensión del juicio a prueba (probation).
En ese acuerdo, pactaron pagar 1 millón de pesos entre ambos, a repartir entre los damnificados como forma simbólica de reparación del daño. Y el cumplimiento de tareas comunitarias.
La consecuencia de una probation para un imputado es beneficiosa, pues si cumple y no comete algún delito, serán sobreseído y su antecedente se borra de la planilla prontuarial.