El segundo paro general que realizó la CGT al gobierno de Javier Milei, en cinco meses de mandato, fue una muestra de poder de un sindicalismo que no se resigna a perder su posición de dominio dentro de la estructura del Estado, ante una gestión decidida a priorizar la cultura del trabajo, y el causal de pérdidas multimillonarias a empresas y al Estado, según estimaciones realizadas por el propio gobierno y entidades privadas.
Desde que fue planteada esta huelga general, se pudo advertir que sus motivos no eran contundentes y que el principal objetivo era una demostración de poder sindical ante un gobierno que avanza con medidas que van contra los intereses mezquinos de un sector integrado por una dirigencia que, en algunos casos, lleva más de 40 años al frente de organizaciones que han estado acostumbradas a digitar acciones y tomar decisiones en temas en los que siempre ha prevalecido el interés propio, con beneficios individuales o destinados a grupos reducidos.
Es la misma dirigencia que de acuerdo a su conveniencia, no le hizo ningún paro general a la anterior gestión a pesar de ser testigo del deterioro de las condiciones que estaba sufriendo el sector trabajador, con variables económicas que anticipaban el desastre al que se llegó al final del gobierno.
El paro del jueves pasado tuvo características muy especiales ya que si bien una gran cantidad de trabajadores no pudo llegar a sus lugares de trabajo por falta de transporte público, los que no tuvieron este inconveniente se encargaron de que en muchas localidades del país la actividad fuera casi normal. Esto dejó en claro que no estaba en el deseo de mucha gente adherir a la medida de fuerza y que prefirieron salir a trabajar en una actitud que debería haber sido un tanto más decidida, para demostrar que los argentinos han entendido cuál es el verdadero camino hacia el crecimiento y desarrollo del país. La gente no quiere paros ni medidas de fuerza dispuesta desde los escritorios del poder gremial, y está dispuesta a seguir apostando por un cambio de raíz que lleve a la Nación a salir de la difícil situación en la que se encuentra.
Respecto de las pérdidas que ocasionó el paro, los primeros cálculos dan cuenta que haber parado el país -más allá de que para algunos la medida no tuvo la contundencia necesaria- tuvo un costo económico considerable que, según el Instituto de Economía de UADE (Universidad Argentina de la Empresa) fue de $489.272 mil millones, el equivalente a U$S 544 millones.
Las pérdidas también se pueden contabilizar desde el punto de vista social, con un día menos de clases en los distintos niveles de las escuelas y en la universidad; turnos médicos postergados; vuelos y salidas de colectivos de larga distancia con horarios reprogramados y otras dificultades que una gran parte de los argentinos tuvieron que sortear dentro de las actividades que habitualmente se realizan en un día hábil de semana.
Un nuevo paro para analizar más en profundidad pero con la consigna de que la gente ya no quiere este tipo de manifestaciones de carácter extorsivos, como la acción ejercida por algunos sectores como el de los camioneros que estuvieron ejerciendo presión y amenazas para que sus propios afiliados se sumen a la huelga.