El último 15 de setiembre, su mamá notó que no había menstruado y preguntó; quizá por miedo, por vergüenza, por no saber qué hacer, esa vez la niña optó por no decirle nada. Pero no aguantó. El 2 de octubre pasado, se despachó con una versión que llenó de indignación y bronca a su mamá, porque esa chica que tiene 17 años y sufre un retraso mental, le contó que su tío había abusado de ella. Que los ataques habían ocurrido cuando se habían ido a vivir a la casa de él, porque eso les servía para ahorrarse varios pesos en pasajes de colectivo y, lo más importante, porque les permitía llegar más rápido al hospital de Pocito, donde tenían un familiar internado.
Cuando un médico la revisó y constató que gestaba una criatura de 2 meses (el embarazo fue interrumpido legalmente), a ese profesional le detalló que su tío le sacaba la ropa, tocaba sus partes íntimas con las de él, que eso había sucedido varias veces cuando su tía no estaba y que nunca consintió nada.
El pasado 2 de octubre, la madre de esa chica denunció el hecho en la UFI ANIVI, y de inmediato se disparó una investigación al mando del fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Agustina Cerdera, que cuajó en un pedido de detención de ese hombre, hecho que se concretó el pasado miércoles sobre el mediodía por orden del juez de Garantías, Javier Figuerola.
El último viernes, Fiscalía le imputó a ese hombre el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia. Pidió 6 meses de prisión preventiva y 1 año para investigar, y que la menor declare ante psicólogos con el sistema de Cámara Gesell, tarea que deberá realizarse adaptando la entrevista a las especiales características de la víctima, por sus ‘limitaciones cognitivas y comunicativas (tiene labio leporino)’, dijeron.
Además, Fiscalía anticipó que buscará realizar un cotejo de ADN con material genético del feto y del sospechoso, para confirmar o no la existencia del ataque sexual contra esa chica vulnerable, especialmente por ser mujer, por ser niña y por su discapacidad.
Luego de escuchar a la Defensa, el juez de Garantías, Javier Figuerola, le imputó al mecánico el delito solicitado por Fiscalía (tiene penas de entre 8 y 20 años de cárcel) y lo mandó al Penal de Chimbas con 6 meses de prisión preventiva.