El cierre de la investigación y el pase a juicio de la causa por el sonado escándalo de los ‘alquileres ilegales’ de las canchas, los espacios para estacionar y otros servicios de acceso gratuito para estudiantes y público en general en el Centro de Educación Física N°20 (CEF, también conocido como La Granja), deberá esperar hasta que un juez del Tribunal de Impugnación, resuelva sobre el reclamo de uno de los tres acusados de quedarse con el dinero recaudado, para que le concedan probation. Ese imputado es Mario Sanz, expresidente de la Asociación Cooperadora del CEF N° 20, entidad que, en opinión del fiscal coordinador, Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal César Recio (UFI de Delitos Especiales) era usada para simular que el dinero de los alquileres eran utilizados en el mantenimiento y el pago de servicios en ese organismo, con el ‘falso argumento’ de que, desde el Ministerio de Educación, ‘no se enviaban fondos’.
En la audiencia de control de acusación que sirve para cerrar la investigación y depurar las pruebas que se ventilarán en el juicio, Sanz y el exdirector del CEF N°20, Daniel Samat, pidieron por medio de sus defensores, Marisel Sanz y Gustavo González, que se les suspenda el juicio, se les acepte el pago de $250.000 en dos cuotas como reparación simbólica del daño y se les permita cumplir 25 horas de tareas comunitarias, durante 2 meses, en una institución de bien público. La consecuencia de la probation es que, si cumplen, son desligados con un sobreseimiento y no les queda en el antecedente en la planilla prontuarial.
En esa audiencia, el otro acusado, el también expresidente del CEF N°20, Miguel Jofré, pidió ser sobreseído a través de sus defensores, Marcelo Fernández y Franco Montes. Ambos entienden que le atribuyen maniobras atípicas, es decir no consideradas como delito en el Código Penal.
Luego de escuchar la oposición de la UFI de Delitos Especiales y también la de Fiscalía de Estado, la jueza Gema Guerrero rechazó ambos planteos: el de la probation porque consideró que no estaba bien fundamentado. Y el de sobreseimiento, porque entendió que Jofré aún puede defenderse en un juicio. También les cerró la puerta para poder apelar y no declaró inconstitucional, como lo pidieron Fernández y Montes, la norma que precisamente impide reclamar ante otra instancia tras un rechazo en la audiencia de control de acusación.
Luego de esa negativa, la jueza debió suspender la audiencia porque la Defensa de Sanz, presentó un recurso de ‘queja por apelación denegada’, pues entiende que se dan todos los requisitos para que su defendido acceda la probation.
Fiscalía ya anticipó que, al cabo del juicio, buscará que Jofré, Samat y Sanz sean condenados a 5 años de prisión efectiva por esas maniobras cometidas entre el 1 de enero de 2019 y el 18 de marzo de 2022 (período investigado). A Sanz le atribuye haber tenido una participación necesaria en los delitos de peculado, administración infiel y fraudulenta cometidos por Jofré y Samat, a quienes imputa, además, abuso de autoridad.