Kevin Jovan Palacio Castillo y su pareja, Lorena Mitar, no pudieron sortear el escollo de la causa penal por fraude que los involucra mediante una conciliación y una reparación integral del perjuicio, con el hombre al que engañaron con la compra de una Toyota Hilux a cambio de un Fiat Palio embargado (no habían pagado el total a la concesionaria) y unos $100.000 encima, de los cuales solo pagaron unos $80.000, en diciembre de 2018. Ayer, el juez del caso, Miguel Dávila Saffe (Cámara en lo Penal y Correccional) rechazó el acuerdo entre víctima e imputados, pero no por las razones que había invocado la fiscal, Silvina Gerarduzzi.
Para el magistrado, el pacto entre esas partes sin la venia de Fiscalía, no procedía porque existe un obstáculo legal insalvable: ese modo de resolver los conflictos penales no es viable, cuando hubiese existido ‘violencia o amenazas’, como se supone que ocurrió en este caso.
Es cuando el vendedor de la camioneta descubrió que fue estafado por Castillo, buscó contactarlo en el domicilio que le había dado, pero se llevó una sorpresa cuando solo descubrió un baldío con escombros de una construcción. De todos modos se las arregló para ubicarlo y cuando lo contactó por teléfono, el imputado el respondió que ‘se deje de joder porque tenía una 9mm. y le daría un tiro’.
Fiscalía se había opuesto a conceder esa salida a la pareja de la comunidad gitana (de hacerlo el caso se extinguía), por razones de política criminal, como la ‘cronicidad y reiterancia’ de Palacio Castillo a cometer este tipo de delitos. En el caso de su pareja, también se opuso porque ‘la adhesión’ de la sospechosa al acuerdo no está prevista en la ley procesal, es decir en las normas que regulan como investigar, juzgar y sentenciar.
El juez también rechazó el planteo de nulidad de la última audiencia realizado por la fiscal, porque consideró que no estaba prevista en la ley procesal. Pero el magistrado entendió que esa oposición debió efectuarla en un momento anterior, cuando fue notificada, y no después pues su concurrencia a la audiencia convalidaba ese acto procesal.
El defensor de Palacio Castillo y Mitar, Oscar Adárvez, entendió que la conciliación propuesta para que sus clientes zafaran, procedía más allá de la oposición de Fiscalía. Y aún también en caso de que sus clientes hubiesen registrado condenas, cosa que no se había producido, pues Palacio Castillo registraba dos causas (por robo y estafa) que se habían extinguido por prescripción. Y otra más por fraude en la que también fue sobreseído, pues en febrero pasado devolvió unos 2 millones de pesos y 6.600 dólares a una anciana, como forma de reparar integralmente el perjuicio causado.
Ahora podrá reclamar la decisión del juez Dávila Saffe ante un tribunal superior, pues si el fallo queda firme ambos imputados deberán defenderse en un juicio oral público.
Otro punto no menor a resolver es la devolución de la camioneta. En 2023, Fiscalía no se opuso, pero el hombre que la vendió a los gitanos, aún no puede recuperarla.