Los docentes y exdirectores del Centro de Educación Física (CEF N° 20), José Miguel Jofré y Daniel Domingo Samat, y quien era presidente de la cooperadora ligada a esa institución, Mario César Sanz, deberán defenderse en un juicio de una grave acusación: haberse quedado con la plata de los alquileres que cobraron ilegalmente (no hay norma que los autorice, dicen desde Fiscalía) por las canchas y el resto de las instalaciones de esa entidad, entre el 1 de enero de 2019 y el 18 de marzo de 2022 (período que abarcó la investigación), maniobras por las que Fiscalía buscará, al cabo de un juicio, un castigo de 5 años de cárcel efectiva para los tres y que nunca más ocupen un cargo público. Que la causa pase a juicio fue lo que decidió ayer la jueza de Garantías, Gema Guerrero, luego de rechazar los planteos realizados por las defensas de los tres imputados para intentar desligarlos.
A saber. Marisel Sanz y Gustavo González habían pedido que sus defendidos (Sanz y Samat) accedieran a la probation (suspensión del juicio), para lo cual ofrecieron un pago en dos cuotas de $250.000 y 25 horas de tareas comunitarias durante 2 meses en alguna institución de bien público (si cumplen son sobreseídos). Pero tanto el fiscal coordinador, Francisco Micheltorena, como el ayudante fiscal, César Recio (UFI de Delitos Especiales) y los representantes de la Fiscalía de Estado, Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo Mira, se opusieron, y la jueza rechazó los pedidos, porque consideró que no habían sido correctamente fundamentados por los defensores, indicaron fuentes judiciales.
La magistrada también rechazó (igual que los representantes de ambas fiscalías), los reclamos de Marcelo Fernández y Franco Montes, defensores del principal implicado, Jofré. Los letrados habían pedido el sobreseimiento de su cliente, por entender que los delitos imputados (peculado, administración infiel y fraudulenta, abuso de autoridad) eran ‘atípicos’, pues Fiscalía no había probado de qué manera el Estado había salido perjudicado. El propio Jofré había declarado que el alquiler de las canchas, los 80 espacios para estacionar y el resto de las instalaciones, eran práctica común por lo menos desde 2001. Y que el dinero se canalizaba a través de la cooperadora para atender a las necesidades del CEF N° 20, porque no tenían partidas presupuestarias asignadas desde el Estado.
Pero desde ambas fiscalías negaron tal situación y opinaron que Jofré no debía ser desligado (así lo resolvió la jueza). También se opusieron a que la Defensa apele la negativa de la magistrada y a que se declare inconstitucional una norma de la ley procesal (ley 1851-O, regula el sistema acusatorio) que no le permite a los defensores llegar con su reclamo ante un Tribunal de Impugnación en una audiencia de control de acusación (pone fin a la investigación). Y la jueza también rechazó ese pedido, porque entiende que no se provocó un perjuicio irreparable al imputado y su derecho de defenderse, ya que podrá hacerlo durante el juicio, que empezará en los próximos días.