Un equipo de fiscales federales integrado por Francisco Maldonado, Fernando Alcaraz y María Alejandra Mángano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), le pidieron al juez Leopoldo Rago Gallo que procese al conocido abogado penalista, Gustavo de la Fuente, al colombiano Jhon Sebastián Quevedo Medina y al venezolano Wuillder Gehys Nazareth Rodríguez Martínez, porque consideran probado que entre el 6 de octubre de 2023 y el 3 de julio pasado, cometieron el delito de trata por la explotación sexual de por lo menos 21 mujeres, aprovechándose de su ‘vulnerabilidad’. Esas maniobras se perpetraban a través del sexo virtual que se vendía fuera del país y se producía en una casa de Güemes al 4 Sur, Capital. Y prostitución común y VIP a través de contactos personales con clientes, que pudieron ejercerse en dos departamentos de avenida Libertador al 368 Oeste, también en Capital, dijeron fuentes judiciales.
Los tres sospechosos fueron detenidos en los primeros días de julio pasado, cuando encontraron a tres de las presuntas víctimas en la casa de calle Güemes, acondicionada con habitáculos provistos con cámaras para hacer los videos. Ante el juez, el abogado se negó a declarar. Y los otros dos imputados dieron una versión intentando desligarse. Así, dijeron, el venezolano dijo que solo era un empleado del letrado y el colombiano, pero los pesquisas revelaron que se encargaba de controlar el trabajo de las mujeres y, además, también era parte de la oferta sexual a través de un sitio triple XXX.
Según esa investigación conjunta en la que fueron parte clave expertos en ciberdelitos de Gendarmería Nacional, las víctimas eran captadas por las redes sociales con el falso ofrecimiento de tareas para ser modelos con la promesa de tentadoras ganancias a través de la página ‘Belle Argentina’ con sede en calle Güemes. Ese sitio, tiene estrechas conexiones con ‘Belle Colombia’ donde, al parecer, se desplegaba el mismo negocio.
Sin embargo, cuando concurrían a la entrevista, el abogado y el colombiano, señalados como coautores en la maniobra, les explicaban que el trabajo consistía en la producción de sexo virtual que se vendía a través de cuatro sitios web, con ganancias en moneda extranjera (dólares o euros).
El convenio era por el 50 por ciento de las ganancias (o de los pases en los contactos personales). Sin embargo al momento del pago, se les agregaban descuentos como los consumos del drugstore, los juguetes sexuales que usaban en sus exposiciones ante cámaras, o el alquiler, pues algunas de esas mujeres no tenían donde vivir y eran tentadas a pagar con sexo. Y al final el pago no era en pesos sino en dólares y al cambio que los empleadores establecían.
El rastrillaje informático reveló que hubo intercambio de transferencias por grandes importes entre el abogado y el colombiano. Y que hubo ‘modelos satélite’, como una joven que se conectaba desde La Rioja. El juez debe decidir si todos siguen o no detenidos.