Había sido la fresca difusión nacional que tuvo el crimen de Ángeles Rawson (16) en CABA, allá por junio de 2013, lo que la llevó a darle una dimensión terrible al primer ataque sexual que sufría a manos de su vecino: tenía 9 años entonces y pensó que terminaría como ella, en un basural. Por eso, por miedo, se llamó a silencio. Por eso también, se identificó tanto con esa chica asesinada por el portero de su edificio en un intento de violación, que optó disociarse: empezó a llamarse por su segundo nombre, porque no quiso usar el primero porque ese era el “de la abusada”, porque ese nombre usaba su abusador para llamarla. En una ocasión, su hermana descubrió que quería rasurarse sus partes íntimas, pero en realidad no quería afeitarse, quería lastimarse para que ese hombre rechazara tocarla con esas manos con “uñas mugrientas”, que amenazaba con hacerle algo a sus padres o a su familia si decía algo.
Tanta presión terminó por hacerla estallar, con varios intentos de suicidio. Con la incursión en el consumo de drogas. Con pesadillas, trastornos alimenticios y un derrumbe generalizado de su psiquis. Esas agresiones sexuales, “arrasaron su subjetividad” entre sus 9 y sus 13 años, descubrió una de las psicólogas que abordó a esa chica.
Cada una de esas situaciones, entre otras pruebas, fueron mencionadas por la fiscal Silvina Gerarduzzi ante el juez Miguel Dávila Saffe (Sala I, Cámara Penal) cuando describió los hechos que tuvieron como víctima a esa niña (hoy joven) entre los años 2013 y 2015. Y cómo, también, esa evidencia vincula al empleado público jubilado José Ricardo Ripoll (69) como autor de graves delitos sexuales.
A saber: abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud mental de la víctima; abuso sexual gravemente ultrajante y exhibiciones obscenas. Por todas esas maniobras delictivas, le pidió al juez un castigo de 14 años de cárcel.
Ripoll actualmente cumple prisión preventiva domiciliaria. Y su defensor, Jorge Olivera Legleu, entiende que debe seguir en esa situación por problemas de salud. Así lo pidió al magistrado. También le pidió que anule todo porque el caso debió ser investigado en el sistema acusatorio y no en el mixto (como ocurrió). Y porque consideró que la hermana de la chica no estaba legitimada para denunciar, como sí lo están sus padres o algún representante del ministerio público. En todo caso, pidió atenuar el eventual castigo contra su cliente, porque a su entender Fiscalía no calificó bien los delitos que describió, de los que no se desprende que hubiera violación, explicó.
El juez esperará a contar con informes médicos antes de resolver.