Lo sucedido con el ciudadano argentino Nahuel Gallo, gendarme detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre pasado con acusaciones completamente infundadas desde el gobierno del dictador Nicolás Maduro, han provocado duras reacciones oficiales y repudio por parte de dirigentes de algunos partidos políticos. Como se sabe, Gallo viajó para reunirse con su esposa, Alejandra Gómez, de nacionalidad venezolana, y la pequeña hija de ambos, de dos años de edad, quienes residen en el país caribeño. Sin embargo, fue inmediatamente detenido por la policía venezolana cuando intentaba ingresar al país por vía terrestre desde Colombia.
Hasta el momento y cuando ya se cumplió un mes de su detención, no hay una declaración expresa de la líder del partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, ni de ningún otro miembro destacado de esa agrupación. Tampoco de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DD.HH). Lo que comenzó siendo una sorpresa parece girar hacia una indignación general con esos dirigentes.
La excepción hasta ahora parece haber sido el dirigente Juan Grabois, quien llegó a ponerse en contacto con la familia de Gallo y ofreció colaboración a la ministra de Seguridad en el caso. Precisamente, Patricia Bullrich, explicó que el gendarme Gallo “no es un terrorista, sino un ciudadano argentino, que fue a Venezuela como papá”, y dio detalles de la documentación llevada por el para ingresar a Venezuela.
Pero el silencio desde el kirchnerismo resulta preocupante porque de lo que se trata aquí es de salvar la vida de un joven argentino que no viajó a Venezuela con ninguna misión oficial, militar ni de espía. Por todo ello, se llegó a escuchar desde el gobierno que la ex presidenta “tiene el teléfono de Maduro y podría colaborar”, lo que no ha sucedido en treinta días que acaban de cumplirse este 8 de enero de la detención.
En fuentes cercanas al gobierno se llegó a especular que una llamada de la ex presidenta podría ser escuchada por el dictador venezolano que busca continuar en su cargo a pesar de su derrota en las urnas el 28 de julio pasado. Mientras tanto, las criticas continúan por el silencio absoluto de Cristina Kirchner sobre el tema. Y, no parece que los dirigentes de Derechos Humanos vean en este caso un evidente violación de los derechos de un ciudadano argentino bajo la dictadura en Venezuela.