La ecuación para el empresario de la construcción, Enzo Carlos Arce (34 años) es simple y bastante beneficiosa: si este 30 de agosto devuelve los 11.640 dólares que en febrero de 2023 le dio un comerciante ligado al rubro de la joyería para que le comprara una bicicleta en Estados Unidos, zafará de una investigación por estafa y en su planilla de antecedentes no quedará ningún rastro de esa maniobra.
Arce se presentó ayer ante el juez de Garantías, Federico Rodríguez, para ratificar que está dispuesto a devolver mañana ese dinero al empresario Leandro Arnold Bofinger, tal como lo acordó a través de su defensor, Javier Sava, con el damnificado y su abogado, Pablo Manzur, y también con el fiscal coordinador Adrián Riveros y la ayudante fiscal, Alejandra Rossi, de la Unidad de Soluciones Alternativas (USA).
El eventual pago de Arce, representará la mayor reparación integral de un perjuicio a la víctima de un delito desde que rige el sistema acusatorio, aseguraron fuentes del Ministerio Público.
Según los voceros, Bofinger y Arce habían tenido otros tratos comerciales y por eso fue que en febrero de 2023, confió y le entregó la friolera de 11.640 dólares (alrededor de 15,5 millones de pesos al precio de venta del dólar blue de ayer) para la compra de una bicicleta, indicaron.
Pero desde entonces no vio ni el rodado ni tampoco su dinero. Y por eso denunció la estafa el 15 de mayo pasado.
Entonces surgió la posibilidad de aplicar un mecanismo jurídico, previsto para aliviar a la Justicia de conflictos penales, mediante un acuerdo entre víctima y victimario, con la venia de Fiscalía: la figura de la reparación integral del perjuicio que, en otras palabras, implica retrotraer las cosas a su punto inicial mediante el reintegro de los montos del daño patrimonial ocasionado.
El acuerdo sobre esa salida alternativa fue posible porque, además, Bofinger se comprometió a no iniciar otros reclamos contra Arce en la Justicia Civil y tampoco extrajudicialmente.
Si Arce cumple, se extinguirá la acción penal (la persecución ordenada por el Estado contra el delito y sus autores) y el juez Rodríguez firmará su sobreseimiento. Si no lo hace, enfrentará una investigación y un eventual castigo.