Si el gitano Roberto Espiro Mitar (26) tomara en cuenta un reciente antecedente local sobre el espinoso tema que lo tiene preso hace casi dos años, debería preocuparse. Es que el 19 de noviembre de 2021, la jueza del Tribunal Oral Federal local, Eliana Rattá, adhirió al pedido del fiscal Francisco Maldonado y condenó a 10 años a otro gitano, Miguel Angel Aramayo, por considerar que la unión de hecho que concretó con una chica de su comunidad cuando tenía 14 años (pagaron por ella una dote o indemnización de $50.000), constituyó el delito de trata de personas, por la explotación de su dignidad personal, un valor fundamental en la Constitución Nacional. Ese caso, inédito, fue publicado en exclusiva por este diario y hace poco fue confirmado por un tribunal superior.
Mitar atraviesa una situación casi calcada a la de Aramayo. La sospecha de Fiscalía es que fue el tercero en pagar una dote o indemnización por una joven de su comunidad con retraso madurativo, con la que alcanzó a convivir entre diciembre de 2022 hasta el 12 de marzo de 2023. Ante los ojos de la comunidad gitana esa unión no tuvo nada fuera de lo común, pues luego del pago simbólico, dote o indemnización por esa chica (hoy de 25 años) fueron a vivir a Rawson.
Sin embargo para la escrutadora mirada judicial, hubo delito, pues se consideró que Mitar apeló a la violencia y las amenazas para quebrantar su autodeterminación, aprovechándose del estado de vulnerabilidad de esa joven, a la que hubo que ordenar hacerle un nuevo DNI.
El caso se judicializó luego de que la joven se escapara de su ‘marido’ mientras hacían ventas ambulantes. El 12 de marzo de 2023, corrió hasta una comisaría y allí contó los malostratos a los que era sometida por Mitar y su familia. Entonces intervino la UFI CAVIG, que derivó la causa al fiscal Maldonado.
La investigación iniciada permitió conocer que la joven no tenía vínculos genéticos establecidos (la supuesta tía no quiso hacerse un ADN), que en su complicada vida terminó en la casa de una familia solidaria de San Luis (ellos crían a la hija que tuvo). Pero desde allí fueron a sacarla cuando su tía la ‘vendió’ -dijeron los testigos- a Río Cuarto. Luego sería parte de otro trato para ir a parar a Paraná, Entre Ríos, donde finalmente dispusieron que llegara a San Juan.
Además de Mitar, Fiscalía investiga también a otros miembros de su comunidad porque cuando la reinsertaron en su familia solidaria de San Luis, un grupo de gitanos fue a buscarla para hacerla firmar otra versión de los hechos es una escribanía para poder desligar al sospechoso que, de todos modos, sigue detenido.
El Tribunal Oral lo juzgaría antes de mayo, indicaron.