Es oficial: el multimillonario megafraude con la promesa de una casa del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) que tuvo como víctimas a 154 familias entre marzo de 2009 y abril de 2010, quedará como un doloroso e indignante recuerdo para esos damnificados, porque las cinco personas acusadas de haberlos estafado no serán juzgados ni tendrán castigo. Como lo había anticipado este diario, todo indicaba que el caso prescribiría, y así lo resolvieron los jueces Juan Carlos Caballero Vidal (h), Martín Heredia Zaldo y Miguel Dávila Saffe (Sala I, Cámara Penal), dijeron fuentes judiciales.
El tribunal entendió que había un plazo de 6 años (el máximo de la pena para la estafa) para investigarlos, juzgarlos y sentenciarlos. Y que ese tiempo había concluido, pues debía computarse a partir del 20 de diciembre de 2012, cuando los citaron a juicio.
Cuando faltaba un mes y algunos días para que se cumplieran esos 6 años, en 2018, en la Sala I les concedieron la probation, es decir una suspensión del juicio por 2 años, a cambio de tareas comunitarias y un pago simbólico como reparación del daño, que cuatro de los imputados no cumplieron.
Solo una de las acusadas, Alejandra Dragui, cumplió con la probation y fue sobreseída, indicaron.
Los otros no. Así, el 2 de noviembre de 2018, Marcos Javier Barragán (45) y su madre Myriam Alejandra Quiroga (66) ofrecieron unos $50.000 a pagar en 18 cuotas, pero no pagaron.
El presunto líder de esas maniobras, Carlos Alberto Albornoz (63) se comprometió a abonar $18.000 en 6 cuotas y no cumplió, igual que el publicista Pedro Ignacio Roldán Zagarra (65), que ofreció $12.000 en 12 cuotas.
Cuando les revocaron la probation, solo quedaba un mes y días para enjuiciarlos y sentenciarlos, en diciembre de 2020, pero eso no fue posible y debieron ser sobreseídos por prescripción.
