Ocho comerciantes implicados en un megafraude con los fondos que el Estado Nacional otorgaba a Gendarmería Nacional para compras de mercaderías y otros insumos necesarios para el Escuadrón 26 y el centro de formación de aspirantes ‘Gendarme Félix Manifior’, en Barreal, Calingasta, acordaron con el fiscal federal, Fernando Alcaraz, una reparación integral del perjuicio causado. Si cumplen, no irán a juicio, se extinguirá la causa penal en su contra y en sus planillas prontuariales no figurará el antecedente. El hecho se denunció el 2 de setiembre de 2014, tras una auditoría interna. Entonces el perjuicio rondaba los 6 millones de pesos, pero a cifras actualizadas ese monto es varias veces millonario: ‘La cifra menor a pagar ronda los 4 millones de pesos y la máxima unos 22 millones’, precisó una fuente judicial. El acuerdo ya fue presentado ante los jueces Daniel Doffo, Eliana Rattá y Hugo Echegaray (Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan), quienes deberán ratificarlo o no, indicaron.
El mayor de los montos a pagar calculados por expertos contables de Fiscalía, es el que debía abonar el comerciante Alberto Alejandro Sosa. Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron que no está en condiciones de afrontar esa suma e irá a juicio con el principal imputado, supuesto mentor y ejecutor del fraude: el segundo comandante de Gendarmería, Jorge Ariel Castro, a cargo de la Unidad Técnica Administrativa Contable del centro de formación de gendarmes y del Escuadrón 26 de Barreal, entre 2012 y parte 2014, período en el que se cometieron las irregularidades.
En ese futuro juicio, el mismo Castro enfrentará cargos junto a su pareja, Noelia Fernanda Soruco (ambos defendidos por César Jofré), por lavado de activos. Fiscalía sospecha que el dinero obtenido con las fraudulentas operaciones en Barreal, fue a parar a la compra de un terreno en Calingasta, una camioneta y una moto que puso a nombre de su mujer. Según la acusación, la mujer no tenía trabajo y a Castro le descontaban cuota alimentaria.
Quienes sí están dispuestos a pagar para no tener juicio, son Adrián Alexis Rojo, María Ester González, Emilio Alfredo Amín, Oscar Pastén, Pablo Darío Riquelme, Julio Eduardo Pósleman, Carlos David Samat y Juan Carlos Tapia.
Sobrefacturación de precios (en algunos casos más del doble), mercaderías que figuraban en facturas y no ingresaron al Escuadrón 26 (o ingresaban y no se facturaban), la contratación de 25 teléfonos celulares en clara violación a una disposición reglamentaria de esa Fuerza, que impide adquirir esos aparatos. O el uso de un mecanismo de compra excepcional en circunstancias extraordinarias (el ‘legítimo abono’) en lugar de hacer compras directas o llamar a licitación, fueron algunas de las más salientes anomalías detectadas por peritos de la propia Gendarmería y también por otros de la Policía Federal convocados por Fiscalía, al igual que expertos de Delitos Contra la Administración Pública de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROSELAC), citados durante la investigación por el fiscal federal Francisco Maldonado.