El ejemplo viene desde arriba. El Gobierno nacional está procediendo, “motosierra” mediante, un proceso de ordenamiento del Estado intentando hacer que los números le cierren para lograr el anhelado déficit cero. La tarea es ardua, pero de una u otra forma se van logrando avances importantes, aunque para alcanzar este objetivo se han dejado de lado algunas tareas primordiales como la obra pública u otras que eran propias del ‘Estado presente”. El tiempo le dará a la actual administración la razón si se alcanzan los objetivos planeados, que consisten en equilibrar la cuentas y no gastar más de lo que se recauda, a fin de tener un Estado que no tenga que estar aumentando los impuestos para poder subsistir.
Algo parecido sucede en las provincias. Con algunas variantes, según el origen de la corriente política de cada Gobierno, casi todos han ajustado sus gastos a los presupuestos provinciales sabiendo que desde la Nación no recibirán ni un peso extra de lo que les corresponde, ya sea por la coparticipación federal de impuestos o por algunos planes específicos que han logrado mantenerse dentro del área de ayuda social o para otros fines determinados. La diferencia es que las provincias ya no reciben esos fondos adicionales que muchos gobernadores lograban conseguir mediante artilugios políticos o por la propia habilidad de negociar con los funcionarios nacionales de turno. Ahora los gobernadores deben medir muy bien sus respectivos presupuestos para hacer que los recursos les alcancen no solo para hacer funcionar el gobierno sino para poder concretar algunas obras o proyectos que les otorgue algún rédito político.
La situación es muy parecida en los municipios, donde los jefes comunales con sus equipos de Hacienda deben manejar cuidadosamente los recursos que provienen de la coparticipación municipal. Por ser organismos esencialmente de servicios, muchas comunas han sacrificado sus plantas de personal, evitando nombrar nuevos agentes, por más que los necesiten, para que el presupuesto alcance para las obras y servicios que todas las comunidades reclaman.
Estamos ante una nueva manera de administrar los recursos del estado y la ‘cosa pública”, dentro de un cambio cultural que de seguro llevará a forjar nuevos políticos o administradores en distintas áreas del gobierno.
Las perspectivas son buenas, porque en la medida que esta mentalidad prospere, en poco tiempo más tendremos una nueva clase de funcionarios o dirigentes políticos conscientes de su rol de servidores públicos y no de oportunistas que llegan a ocupar un cargo para beneficiarse personalmente y enriquecerse.