La médica que hizo la autopsia, dos consultores técnicos de Fiscalía, el profesional que analizó los órganos de la víctima y una bioquímica que examinó su sangre. La convocatoria del fiscal coordinador, Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal César Recio (UFI de Delitos Especiales) se extenderá también al responsable de la fábrica de baterías, a los representantes de tres partes querellantes para que aporten cada una (si así lo deciden) un perito en medicina y no se descarta que el llamado incluya a un médico más del Poder Judicial. El objetivo de esa gran junta médica (en total serían 10) será descifrar un punto que por ahora se presenta enigmático: la causa de muerte de Gerardo Marcelo Tobares, un hombre de 34 años que, el 15 de abril pasado a eso de las 16, perdió la vida cuando se cambiaba de ropa al terminar su turno de trabajo en una fábrica de baterías ‘Ecobat’, situada en un predio de Agustín Gómez (más conocida como Calle 5) y el lateral Oeste de Ruta 40, en Rawson.
El último lunes, el juez Diego Manuel Sanz, concedió a Fiscalía otro plazo, de 90 días, para concluir esa investigación por ahora compleja, en la que todavía no se pudo establecer con precisión rigurosa si Tobares perdió o no la vida a causa de la manipulación y exposición a sustancias químicas en esa fábrica.
La sospecha se instaló desde el minuto cero de la investigación, cuando un equipo de Fiscalía arribó al predio de la firma ‘Ecobat’ y se topó con testimonios de que los operarios trabajaban sin barbijos y no contaban con otras medidas de protección y seguridad necesarias para esos trabajos con sustancias peligrosas.
Por eso fue que se encargaron también a peritos químicos, exámenes de las posibles reacciones en ese ambiente laboral. Y, lo principal, un exhaustivo análisis del cadáver y de los órganos de la víctima para determinar si esas sustancias pudieron terminar con sus días, pues el primer informe del médico forense estableció que perdió la vida por un ‘shock cardiogénico’.
La nueva junta médica buscará despejar todas esas dudas. Y como la intención de Fiscalía es que no hayan más incertidumbres, no habrá oposición a eventuales pedidos de nuevas pericias de algunas de las partes, indicaron fuentes judiciales.
El informe final servirá para establecer si el responsable de la empresa debe o no enfrentar una investigación por un posible homicidio culposo, es decir, por provocar la muerte de una persona sin tener esa intención.