El expresidente de la Asociación Cooperadora CEF N° 20, Mario César Sanz, y el docente exdirector de esa institución pública, Daniel Domingo Samat, pidieron que se les suspenda el juicio por un año (probation) y como parte de su planteo ofrecieron pagar $250.000 en dos cuotas y 25 horas de tareas comunitarias a cumplir en dos meses en entidades benéficas o públicas. El objetivo de los defensores Marisel Sanz y Gustavo González es claro: si la jueza Gema Guerrero accede a otorgarles ese beneficio y cumplen, la acción penal en su contra se extinguirá y serán desligados con un sobreseimiento. El otro imputado, el también docente y exfuncionario, José Miguel Jofré, también solicitó ser sobreseído: a través de sus defensores, Marcelo Fernández y Franco Montes, argumentaron ante la jueza que debe ser desligado por la ‘atipicidad’ de los delitos que le atribuyen, además de cuestionar abiertamente la extensa y minuciosa investigación del fiscal coordinador, Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal, César Recio (UFI de Delitos Especiales).
Sin embargo tanto Micheltorena como los representantes de la Fiscalía de Estado, Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo Mira, se opusieron a que el sonado caso de alquileres ilegales en el predio de 7,5 hectáreas del Centro de Educación Física (CEF) N° 20 tenga esa salida. Es más, tal como anticipó este diario, ya adelantaron que buscarán en juicio que sean condenados 5 años de prisión efectiva en la cárcel de Chimbas e inhabilitados para siempre para ocupar cargos públicos. Les imputan los delitos de peculado, administración infiel y fraudulenta (Sanz como partícipe necesario). A Jofré y Samat, además, abuso de autoridad (Sanz no, porque no era funcionario).
El caso había sido denunciado el 18 de marzo de 2022, por quien era director del CEF, Walter Vicentela. Básicamente, instalaba la sospecha de que ese predio más conocido como ‘La Granja’ se alquilaban las canchas y todas las instalaciones, cuando eso no debía ocurrir porque es una institución pública y, en consecuencia, de acceso gratuito para estudiantes, aspirantes a ingresar a estudiar Educación Física y público en general.
Si la jueza rechaza el planteo defensivo, los imputados tendrán que defenderse en un juicio
Entonces se disparó una investigación en Fiscalía, que abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 18 de marzo de 2022. Y al cabo de numerosas pericias e informes, los investigadores confirmaron que no existía ninguna autorización expresa para cobrar alquileres y canalizar ese dinero a través de la Cooperadora que, además, no estaba en regla con su personería jurídica.
Cinco canchas de fútbol, una de césped sintético para hockey y dos de básquet, una pista de atletismo de alto rendimiento, una pileta, un gimnasio, un predio para estacionar más de 80 vehículos, además de todos los servicios y las instalaciones, eran alquilados a los alumnos, aspirantes, deportistas, clubes y otras personas. En el período investigado, se supo que la cancha de hockey fue alquilada unas 740 veces. Y que los fraudes documentados, superaron holgadamente el millón de pesos.
Este martes, la jueza de Garantías, Gema Guerrero, definirá si los acusados son desligados como pretenden. O si deberán defenderse en los próximos días en un juicio oral y público.