El tribunal de la Corte de Justicia que evalúa los reclamos por causas penales resolvió el último lunes, por mayoría, ordenar la libertad de un jubilado de 70 años que cumplía 23 años de cárcel por haber violado y cometido otros delitos sexuales, que dejaron graves daños en la salud mental de su propia hija y una hijastra cuando eran niñas, más de 25 años atrás, informaron fuentes judiciales. El imputado O.M.O. (no se lo identifica para preservar a las víctimas) había pasado 4 años y cinco meses preso en la cárcel de Chimbas, y fue beneficiado porque los ministros Horacio Guillermo De Sanctis y Marcelo Lima, adhirieron al planteo del defensor oficial Marcelo Salinas. El letrado había pedido que su defendido sea desligado porque la acción penal había prescripto, es decir, porque al momento en que ocurrieron los hechos regía una ley penal más favorable al imputado.
Solo la ministra Adriana Verónica García Nieto se pronunció a favor del argumento de la fiscal que actuó en el juicio, Marcela Torres (había pedido 25 años), y del juez que había condenado a ese jubilado, Martín Heredia Zaldo. La magistrada sostuvo que, este caso debía ser analizado a luz de los convenios internacionales del país en favor de la dignidad de la persona humana y el interés superior del niño, a quienes se les debe otorgar una efectiva tutela judicial. Y que no aplicar esas normas implicaba no cumplir con los compromisos asumidos por la Argentina en esos convenios, que tratan sobre el respeto y protección de esos fundamentales derechos humanos, precisaron los voceros.
Fue la hija del jubilado la primera que lo denunció, el 20 de julio de 2020. Luego lo hizo su hermana por parte de madre. Cuatro días después, el hombre quedó preso.
En su reclamo de justicia, la menor de las hermanas (hoy de 44 años) dijo que empezó a manosearla desde que tenía 6 años, que fue violada entre los 12 y los 13, que continuó manoseándola hasta que cumplió 15 y que esos ataques le dejaron secuelas tan graves, que le costaba tener relaciones íntimas y aún seguía con tratamiento psicológico. La otra mujer (hoy de 49 años) declaró que fue manoseada entre los 8 y los 11 años, y violada entre los 11 y los 13, que fue cuando su madre (también maltratada) evitó más violaciones mandándola a vivir con su abuela.
El 21 de junio de 2022, el defensor oficial reclamó por el fallo contra su defendido ante la Corte de Justicia. Básicamente, insistió en que ya se habían vencido los plazos para investigarlo y juzgarlo por el excesivo paso del tiempo. Así, por ejemplo, en uno de los casos habían pasado 25 años entre los últimos hechos y la denuncia; y en el otro ese plazo llegaba a 32 años entre los ataques y el reclamo de justicia de la denunciante.
Dos años y medio después, la mayoría de los ministros entendieron que le asistía razón, sobreseyeron al imputado por prescripción de la acción penal y ordenaron su inmediata libertad.