Las leyes laborales en Argentina son blanco de críticas de distintos sectores de la ciudadanía, debido a que son restrictivas, plagadas de impuestos que no permiten la instalación de pequeñas y medianas empresas con intenciones de desarrollarse, además de la denominada “industria del juicio” en la que se demanda a estos emprendimientos por cualquier motivo, lo que en miles de casos provocan el cierre y pérdida de esa fuente laboral. Por esos motivos, en esta nueva etapa de vida democrática, se espera que se reviertan todas las políticas que provocaron la falta de inversiones de emprendedores y aquellos que se podrían haber animado a más.
Para corroborar ese pensamiento, se llevó a cabo una encuesnta en el sector cuyos resultados surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con una muestra que alcanzó a 420 pequeñas y medianas industrias a nivel federal.
En ese sentido, las pymes mantuvieron su postura y nuevamente indicaron que la principal medida que debería implementarse en el corto plazo es la reducción de impuestos, tanto nacionales, como provinciales y municipales. Ese reclamo acaparó el 64,9% de las respuestas (3,1 puntos porcentuales por encima de noviembre). El segundo lugar lo mantuvo el estímulo a la demanda interna con el 11,2% de respuestas.
A su vez, la simplificación burocrática ocupó el tercer lugar de las medidas que se consideran como más efectivas para las pymes en el corto plazo, con el 8,5% de las respuestas, apenas 0,4 puntos por encima de los incentivos para la contratación de personal, que obtuvo el 8,1% de las respuestas.
En cuanto a los principales obstáculos, el más identificado por los empresarios fue el de los altos costos de producción, que obtuvo el 44,4% de las respuestas, fruto de los altos y numerosos impuestos con los que presiona el estado nacional, provincial y municipal en todo el país.
La falta de ventas ocupó nuevamente el segundo puesto entre los obstáculos que más pesan, y representó el 33,6% de las respuestas. En tercer lugar, con un 9,1% de las respuestas, se encontró la dificultad para acceder a créditos.
Otra de las medidas más tomadas por el sector productivo fue la reducción de gastos operativos, con un 21,6%. Muchas de las empresas consultadas informaron que pararon su producción durante diciembre y enero debido a la escasa venta.
Ante esta situación y fuera de este trabajo meticuloso de esta institución, no caben dudas de que urge en el país que el Congreso Nacional trate la reforma de las leyes laborales, como también el suprimir impuestos innecesarios y bajar otros para permitir el desarrollo de la actividad productiva en el país. De esa forma generar más fuentes de trabajo, disminuir la pobreza y fomentar el consumo de bienes y servicios.
Se trata de una tarea que requiere en la clase política en general como en los legisladores en particular, un renunciamiento histórico a pensamientos mezquinos, partidarios e ideológicos, para pensar de una vez por todas en el “promover el bienestar general”, tal cual lo dice el Preámbulo de la Constitución Nacional.