Siempre se dijo que la corrupción en nuestro país era un mal ejercido por determinados sectores de poder en los más altos estamentos, que ha evitado que la nación alcanzara un desarrollo en beneficio del propio pueblo. Lo que pocos creían es que la corrupción está enquistada en casi todas las áreas de gobierno, sin excepción, y muchas organizaciones vinculadas con el Estado, como está quedando demostrado en cada una de las investigaciones y auditorías que la actual administración viene realizando desde que asumió sus funciones, hace cinco meses. No hay repartición u oficina estatal, o empresa con participación del Estado en la que no se haya encontrado irregularidades que, por lo general, se traducen en malversaciones, desaparición o desvío de fondos con graves perjuicios para las arcas del Estado.
Una de las últimas investigaciones realizadas en el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, están vinculadas a los planes sociales y al funcionamiento de comedores y merenderos, dos áreas muy sensibles para la sociedad por la incidencia que tienen en el sostenimiento económico de muchas familias y la ayuda alimentaria para los sectores más vulnerables.
El tema es que la corrupción, en estas últimas décadas, se ha generalizado convirtiéndose en un factor que todo lo corrompe y evita que las instituciones funciones en la manera correcta que deberían hacerlo. Son tan escandalosos los casos descubiertos que al común de las personas le causa vergüenza admitir que haya argentinos capaces de realizar este tipo de acciones, y que quienes los han cometido siguen por la vida sin el menor arrepentimiento.
Ante esta situación la gente no debería tolerar ni un solo caso más de corrupción y exigir que, de ahora en adelante, se rinda cuenta de todos los actos de gobierno -especialmente los referidos al manejo de fondos y recursos- en períodos más cortos de tiempo para evitar la naturalización de este comportamiento.
Se necesita que la población en general esté más atenta al accionar de funcionarios y demás agentes de los tres poderes de Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya que la corrupción no es exclusiva de ninguno de ellos. Se puede dar en cualquiera de los tres, como el caso de la Jefa de la Aduana, Rosana Lodovico, desplazada por haber pedido un préstamo a una firma vinculada con contrabandos. El de la jueza de la provincia de La Rioja, Norma Mazzuchelli, acusada de pedir coimas, o el caso del aumento de dietas en el Senado de la Nación que desencadenó un gran escándalo.
La gente tiene que estar dispuesta a realizar una gran cruzada contra la corrupción, para que este flagelo no siga afectando el cuerpo social del país. A partir de esta nueva etapa que ha comenzado a transitar la Argentina las dirigencias no pueden seguir mintiendo deliberadamente en beneficio propio o de los sectores a los que representan.
La corrupción detectada entorno a la ayuda alimentaria es la gota que rebalsó el vaso. Nadie debería intentar sacar provecho con la comida de los niños pobres, en momentos en que la pobreza del país ha llegado al 49%. Es el momento de recordar que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos y quitando la posibilidad de alimentarse a los más pequeños no se están siguiendo estas enseñanzas fundamentales.