En ámbitos de la Justicia se asegura que este caso marcará un antes y un después en la educación de la sociedad para que estos hechos no solamente se denuncien, sino que se los investigue con la seriedad que corresponde.
La condena aplicada a un particular encontrado culpable de matar hace tres años, entre agosto y diciembre de 2021, a cientos de pingüinos magallánicos en plena época de reproducción y destruir más de 175 nidos, en la estancia Punta Clara de la Reserva Punta Tombo en la provincia de Chubut, es una sanción que genera un antecedente judicial importante en el cuidado de la naturaleza, de las especies y de la biodiversidad.
La pena que será dada a conocer en las próximas horas recayó sobre Ricardo La Regina, un productor ganadero que ha resultado ser el único imputado en el caso por daño a las pingüineras en tres ocasiones y por crueldad animal al haber matado cientos de pingüinos en una acción por abrir un camino con una retroexcavadora al lado de la costa sin debida autorización.
El imputado también fue hallado culpable de colocar un alambre electrificado y producir un desmonte de 2.049 m2 de flora y fauna, vegetación cuya propiedad no le corresponde sino al Estado, afectando algunas zonas irrecuperables, además de nidos, huevos y pichones de pingüinos durante su mayor etapa reproductiva.
La fiscalía que intervino en el caso señaló que hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar, ya que se entendió que el imputado era consciente de los daños que estaba ocasionando en procura de su objetivo económico, que puso por encima del grave daño ambiental que ocasionó.
Un caso similar ocurrió hace unos cuatro años en la Reserva Don Carmelo, ubicada en el departamento Ullum, cuando un empleado de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la provincia, un vigilador privado y otras catorce personas fueron detenidas mientras cazaban especies autóctonas en ese lugar que, justamente ellos debían cuidar. La situación fue denunciada por el propio dueño de la reserva quien intentó por todos los medios que se sancionara con dureza el ilícito, pero las gestiones se fueron diluyendo en el tiempo sin surgir una condena en firme. Hasta ahora se desconoce el destino de la denuncia a pesar de que el propietario de la estancia sigue insistiendo en que haya una sanción. De ahí la importancia de esta condena a Ricardo La Regina, ya que instala un antecedente de jurisprudencia que será de gran utilidad cada vez que que se denuncie un hecho de esta naturaleza.
De ahora en más habrá que estar más atentos a los daños o las masacres que se cometan contra la fauna o flora autóctona, para denunciarlos sabiendo que la Justicia puede actuar con la severidad que corresponda, como en este caso de Punta Tombo.