Los tres pilares en los que se basa el Gobierno nacional para resolver la crisis de delincuencia que se considera hay actualmente en el país consisten en avanzar con un nuevo Código Procesal Penal, el endurecimiento de penas contra los delincuentes y la baja de la edad de imputabilidad.
El mejoramiento de la administración de justicia fue uno de los temas al que el presidente Javier Milei le otorgó, durante el mensaje del sábado último ante la Asamblea Legislativa, un capítulo especial ante los últimos acontecimientos ocurridos en el país, especialmente con el asesinato en la ciudad de La Plata de la niña Kim Gómez, de 7 años, en manos de dos adolescentes, responsabilizando al Gobierno de la provincia de Buenos Aires y a su gobernador Axel Kocillof.
Respecto del nuevo Código Procesal Penal, que ya se está aplicando en algunos distritos como Salta, Jujuy, Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia, el propósito del Gobierno es avanzar en todo el país, es decir a todas las provincias, teniendo en cuenta la capacidad de acelerar los tiempos de un juicio de años a meses. Pero esta no es la única medida que cree conveniente la actual gestión. Considera imprescindible elevar el costo para los que delinquen, y en ese marco está la necesidad de aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos.
Milei sostuvo en su discurso que existe imperiosamente la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, pero no solo eso sino también agravar todas las penas del Código Penal, para hacer más efectiva la justicia en todos los ámbitos.
En otro aspecto vinculado al tema de la justicia, en relación a las trabas que encontró en el Congreso para que los candidatos propuestos Ariel Lijo y Manuel García Mansilla lleguen a la Corte Suprema de Justicia, el Presidente está convencido que no podrá resolver la crisis de delincuencia en el país sin una Justicia independiente y efectiva. Y que la Justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos. En esa línea el Gobierno tiene la intensión de avanzar en el envío de pliegos de todos los cargos vacantes de la Justicia Federal, que son alrededor del 40% de los magistrados.
Es una realidad que es imposible que la Justicia cumpla con su deber si funciona al 60% de su capacidad, ya que en ningún país del mundo que se considera bien administrado puede funcionar un sistema en esas condiciones.