Preguntaron por los precios de los anillos, les exhibieron un paño con 15 costosas piezas, y en un abrir y cerrar de ojos, una de ellas se apoderó de una de las joyas, se la pasó a su cómplice, que enseguida salió hacia la vereda para luego volver a ingresar. Quien las atendía se dio cuenta y lo reprochó a esas clientas, que negaron de plano haber sustraído nada. Ocurrió a eso de las 19 del pasado 3 de abril en la microcéntrica joyería “Saphir”. Por las imágenes de cámaras de seguridad, costó dar con esas mujeres que no aparecían como mecheras en el radar de los pesquisas policiales. Y cuando las encontraron, un mes después, del anillo no quedó ningún rastro.

El 8 de mayo pasado les imputaron el hurto simple de ese anillo valuado en 1,5 millones y ayer la fiscal coordinadora, Claudia Salica, y la ayudante fiscal, Claudia Vila, le presentaron al juez Guillermo Adárvez un acuerdo con las imputadas, Andrea Trigo y su hija Karen Gómez, y su defensora oficial, María Emilia Nielson, para cerrar la causa con una solución alternativa: probation. Este beneficio se aplica en aquellas personas que no tienen antecedentes y cometen delitos menores por primera vez. Y extingue la acción penal (el antecedente no les queda en su prontuario) si cumplen con el acuerdo con Fiscalía, en este caso tareas comunitarias durante 6 meses, cuatro horas por semana (probablemente en el municipio de Chimbas) y un pago como reparación del daño causado, que se considera simbólico porque no implica una cobertura integral. En este caso, $100.000 cada una antes del 10 de junio próximo.

Ya antes de que se iniciara la audiencia, el abogado Pablo Manzur, representante de la comerciante Heidi Bofinger, manifestó su oposición por el escaso monto ofrecido por ambas mujeres. Y lo reiteró ante el juez Adárvez, cuando le pidió conocer su opinión. “Hay una falta de razonabilidad entre el daño causado y la reparación propuesta”, dijo Manzur.

A renglón seguido, la fiscal Salica le remarcó a la Parte Querellante que su opinión no era vinculante en estos actos procesales. Y la defensora oficial agregó que la comerciante, a través de su abogado, no se había constituido en actor civil, una acción que le hubiera permitido reclamar una indemnización integral del perjuicio causado. Esa acción, de todos modos, aún puede intentarla ante un juez en lo Civil.

Ayer, el juez resolvió concederles la probation a madre e hija, a quienes también les impuso no acercarse al comercio de la damnificada, durante el año en que su juicio estará suspendido. Si no cumplen, podrán ser enjuiciadas.